Collboni permite 22 inmuebles de titularidad pública okupados delictiva o reivindicativamente

El Ayuntamiento de Barcelona, con Jaume Collboni (PSC) como alcalde, mantiene, casi nueve meses después de que los socialistas accedieran en solitario al gobierno local, una política de permisividad con los okupas, especialmente con los que están ilegalmente en los edificios de titularidad pública y no son inquilinos sociales.

Según los datos que maneja el Consistorio, las okupaciones más comunes que se dan en la capital catalana son las de carácter social. El 65% del total son de este ámbito. Eso deja el 35% restante a las okupaciones que son, según la clasificación de la Guardia Urbana, delincuenciales (20%) o ideológicas (15%). Entre estos dos ámbitos hay 22 inmuebles que son del Ayuntamiento, o de empresas municipales, y Collboni no hace nada para recuperarlos.

Esto, al menos, es lo que considera el PP que, a través de una pregunta con respuesta escrita en la Comisión de Presidencia del Ayuntamiento consultada por ABC, ha descubierto el número de inmuebles que son del Consistorio y están siendo okupados ilegalmente y sin fines sociales por los inquilinos.

«Collboni, como Xavier Trias y Ada Colau, permite que 22 locales del Ayuntamiento estén siendo okupados. Estoy estudiando denunciar al Consistorio por no actuar para desokupar estos espacios que son de todos», advierte el líder de los populares en Barcelona, Daniel Sirera, recuperando así uno de los temas en los que se centró durante la pasada campaña electoral municipal (2023).

Según la respuesta del tercer teniente de alcalde de Barcelona, Albert Batlle, la policía local no puede actuar ante las okupaciones a particulares si no tiene una orden judicial, pero sí puede hacerlo en los casos de las okupaciones de espacios municipales. De ahí que los populares hayan pedido a Collboni que actúe, al menos, en los 22 casos de inmuebles okupados para fines que están lejos de ser sociales.

El Ayuntamiento no ha detallado qué fincas son las afectadas (solo el número total por distritos), que sumadas a las 180 okupaciones por los mismos motivos (reivindicativos y delictivos) que afectan a particulares, convierte a Barcelona en una ciudad con 202 okupaciones de inmuebles con finalidades lejos de las que habitualmente se entiende como necesarias: para vivir e instalarse.

El asunto de las okupaciones fue uno de los ejes clave que captaron la atención mediática y política en las elecciones locales del año pasado. El Kubo y la Ruina (dos edificios de la parte alta de la ciudad okupados) se llevaron parte del minutaje de las intervenciones de la oposición, denunciando la situación de degradación del barrio. Fueron desalojados a finales de año por una orden judicial.

Pero el fenómeno okupa, como tema de discusión política y preocupación ciudadana, no es nuevo en Barcelona. El mandato de Colau (2015-2023) fue permisivo con este movimiento –que entremezcla okupaciones sociales con delincuenciales e ideológicas– y solo hay que recordar, por ejemplo, que Jaume Asens, primero concejal de los comunes y luego diputado en el Congreso, fue el abogado de referencia de los que practican este estilo de vida.

Un caso prototipo de esta política es el Casal Popular Tres Lliris (distrito de Gracia). Pasó de comisaría de la Policía Nacional a espacio okupado de titularidad municipal con 'gastos pagados'. Colau pagó en 2022 con dinero del Ayuntamiento las obras y los arreglos del local que, poco antes, había cedido a los okupas que habían irrumpido en el mismo. Hechos consumados a costa del erario público. Espacio «liberado», en lenguaje okupa.

Otro modelo que caracteriza la ciudad es el de Can Vies. Un edificio del siglo XIX (lo que queda de él, en realidad). De titularidad pública. Durante el mandato de Trias (2011-2015), el Ayuntamiento coqueteó con la permisibilidad de los okupas, si bien al final (mayo de 2014) optó por su desalojo. Disturbios, barricadas, la quema de una excavadora y el ataque a una unidad móvil de TV3 fueron parte de la respuesta de los okupas.

La situación de Can Vies sigue, prácticamente, como estaba antes de 2014. Edificio público okupado. Van 25 años. «Mientras el Ayuntamiento exprime a los restauradores, Collboni permite a los okupas de Can Vies tener abierta una terraza sin pagar los 5.000 euros por inicio de actividad y los 1.200 euros anuales en concepto de tasas», denuncia Sirera.

El año pasado se denunciaron 7.017 okupaciones en toda Cataluña. De estas, 1.002 fueron en su capital. La okupación en domicilios habituales y segundas residencias es del 6,4% de los casos. Cuatro puntos más que en 2022.