La cliente de Villarejo en Dubai, al juez: «Quiero expresar mi más firme voluntad de declarar»

Los hechos centran la pieza separada número 30 de la macrocausa sobre Villarejo que se sigue en la Audiencia Nacional, el denominado proyecto Ring. De acuerdo a la documentación a la que tuvo acceso ABC, la mujer acudió a la firma de abogados Stuart&Mckenzie, del Grupo Cenyt del que era titular Villarejo, cuando la Justicia decretó que la herencia de 23,9 millones de euros que le había dejado su abuelo en exclusiva era nula porque el finado había simulado la vecindad en Navarra para, acogiéndose a su normativa, poder desheredar a sus hijas y el resto de sus nietos.

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Tal y como informó este diario, un informe de Asuntos Internos concluyó que para llevar a cabo los objetivos de la cliente se realizaron consultas en bases reservadas de datos policiales, así como en el censo, con el objetivo de poner en jaque a los testigos cuyas declaraciones habían convencido a un juez sobre el que también se harían averiguaciones, de que la vecindad navarra del finado lo era en fraude. Se trataba así de forzar una revisión del fondo del fallo judicial que anulaba sus últimas voluntades, pero la iniciativa no prosperó. En paralelo, la tía de Eva la denunció en otro juzgado por no cumplir aquellas resoluciones judiciales. Y ahí, ella ha acabado imputada por apropiación indebida, frustración de la ejecución y blanqueo de capitales en el contexto de una investigación que la Fiscalía Anticorrupción ha pedido incluir en sus pesquisas en la Audiencia Nacional.

La mujer, que mantiene la misma defensa que en la época del contrato, vive y trabaja en Dubai, según sus abogados, desde el año 2015 y si no ha comparecido aún ni en los juzgados de La Rioja ni en la Audiencia Nacional ha sido por las restricciones a viajar impuestas por la pandemia y los riesgos que asume desde entonces por tener una dolencia respiratoria.

En una carta manuscrita enviada al juez Manuel García Castellón, expresa la mencionada «firme voluntad de declarar» al tiempo que su letrado acusa a los fiscales de «mala fe» al hacer una «torticera» interpretación de las razones por las que hasta ahora no ha comparecido. Ordenaron una averiguación y encontraron varios desplazamientos a España en los años previos. Su defensa insiste precisamente en eso: antes de la pandemia sí viajaba con naturalidad, es ahora cuando no puede hacerlo.

En cuanto al procedimiento en Haro, ha recurrido a la Audiencia Provincial para que se decrete «la ilicitud y nulidad probatoria del informe de Policía Judicial» que la señala por un presunto blanqueo del dinero de ese legado y que ha supuesto la ampliación de la causa a ese delito. Quiere ordenar «la inmediata expulsión» de la causa de ese trabajo porque dice que es «prospectivo» ya que parte de «sospechas infundadas».

«Los informes de inteligencia financiera únicamente se pueden consultar en investigaciones de blanqueo de capitales y en el momento de realizar el informe el Juzgado no estaba investigando tal delito ni había habilitado a los agentes para realizar esa consulta por lo que dicha consulta es ilegal y la información así obtenida es ilícita y debe ser expulsada del procedimiento», alega.

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Eva viene sosteniendo que aquella herencia fue legal y que la nulidad del último testamento no debería haber impedido la consideración de la decena de declaraciones de voluntades previas que había hecho su abuelo, todas en el mismo sentido. Aportó unas escrituras notariales firmadas por el finado y su esposa que argumentaban el por qué de desheredar a sus hijas y dejar todo el legado a su nieta. «Creemos que se merecen esto y más por abandonar a sus padres ancianos», dice una de esas declaraciones que, denuncia, no han sido tenidas en consideración. «La voluntad de los testadores ha sido pisoteada», dice el recurso.

Añade que en cualquier caso, «el hecho de que se declara válido el testamento de 1986 no supone que Eva tenga que devolver la herencia pues el Juzgado de Haro estimó que la sentencia dictada no era ejecutiva» y fue confirmado este extremo por la Audiencia Provincial antes de que su tía, que impulsó sin éxito otra reclamación por vía civil, interpusiera la denuncia que ahora se investiga. «En consecuencia no tenía la denunciante ningún derecho sobre la herencia al momento de interponer la denuncia», alega.

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Asegura que las resoluciones dictadas sí se han cumplido y que en todo caso, «no es cierto que el valor del patrimonio heredado sea de 23.971.819,30 euros pues según consta en las actuaciones, recibió inmuebles e instrumentos financieros; instrumentos financieros que se deterioraron debido a la crisis de los mercados», como expresó en un informe pericial de parte que, según afirma, «fue asumido por la Audiencia Provincial».