Los Charlines piden anular los pinchazos telefónicos que les sientan dos décadas después en el banquillo

No son pocas. Los abogados de la decena de acusados -hijos, nietos y presuntos testaferros del conocido clan gallego- han sostenido en la Sala que los hechos en todo caso habrían prescrito ya, pero también que los posibles ilícitos de blanqueo ya fueron juzgados y sentenciados por la misma Audiencia Nacional en el año 2003, que la investigación fue «un ir de pesca» a buscar indicios en contra de la familia y que los pinchazos telefónicos no fueron acordados con todas las garantías. Han introducido, además, prueba nueva.

Abría la sesión la defensa de Josefa Charlín Pomares, hija del patriarca, y a cuyas conclusiones se han sumado en bloque el resto de acusados. Sostiene que la causa ni siquiera concreta la fecha ni el origen de los supuestos fondos ilícitos, -«todo lo que constan son dos cuentas aperturadas en 1994 y 1995»- que su clienta movió por una mera cuestión de cambiar de entidad bancaria. A partir de ahí, ha puesto el acento en que «el delito de blanqueo no es imprescriptible».

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Había pedido suspender el juicio hasta que el tribunal se pronunciase sobre estas y otras cuestiones previas, como la nulidad de los audios en tanto que habían recogido conversaciones entre abogados y sus clientes. Una de las letradas en la Sala, de hecho, se ha identificado como parte de las «desafortunadas» que fue recogida por los pinchazos telefónicos.

El fiscal de Antidroga Luis Uriarte se ha opuesto a las pretensiones poniendo el acento en que no puede el tribunal pronunciarse sobre las pruebas sin haberlas contrastado en el juicio. Ha lanzado además, un aviso sobre la documentación aportada por distintas defensas, pues considera que hacerlo «una semana antes del juicio» tras una instrucción que ha durado 15 años, «supone un acto de mala fe procesal». «Busca algo, que es evitar la posible contradicción de esas pruebas. La Sala debe tenerlo presente», ha señalado.

Durante su intervención, ha incidido en que el origen de esta causa está en que una nieta de Manuel Charlín, el ya fallecido patriarca del clan y que según la Fiscalía, lo orquestaba todo, se presentó en 2008 en la subasta de una depuradora de mariscos que era de la familia y pujó por cerca de 800.000 euros que, luego se vería, le había transferido su madre, Teresa Charlín Pomares, un mes antes. Ese fue el primer indicio, conforme ha apuntado, de un posible blanqueo de capitales que lejos de lo que sostienen los acusados, no habría prescrito: no es sólo aflorar el dinero, el delito abarca su ocultación y transformación.

Sí ha accedido a que se tenga por apartado del procedimiento a uno de los acusados en calidad de presunto testaferro, José Tato, cuya representación aportaba un certificado médico que apunta a una demencia sobrevenida. Una vez le examine un forense y elabore un informe completo, la causa quedará sobreseída para él.

Tras un breve receso para deliberar, el tribunal ha acordado seguir adelante con el juicio para el resto, en línea con el criterio de Antidroga, y ha dado paso al primer y único acusado que ha declarado en la jornada, el abogado Roberto Adán, al que la Fiscalía sitúa como parte de una maniobra de ocultación de bienes. Aquella depuradora que adquirió la nieta de Manuel Charlín pujando con el dinero que le había dado su madre, no se puso a su nombre, sino que fue cedida a una empresa constructora de Ramón Rodríguez Paz, también acusado.

Adán fue el abogado de este empresario en la transacción y según la Fiscalía, consistió en un concierto con Teresa Charlín Pomares para que ella mantuviese la propiedad sin figurar en ningún sitio. A preguntas del fiscal y de su propio abogado, ha incidido en que nada había que objetar con el inmueble ni con la compraventa, que se hizo porque Rodríguez Paz vio ahí la oportunidad de saldar una deuda.

En todo caso, su defensa, como la del propio Rodríguez Paz, han puesto el acento en la «incongruencia palpable» de acusar por un traspaso fraudulento de un bien cuando en el registro seguía figurando el mismo a nombre de la nieta de Manuel Charlín que lo compró en la subasta. Esta es una de las pruebas nuevas aportadas y tendrá que dirimirse durante el juicio. De momento, el letrado de Adán ha incidido en que su cliente «era un abogado en ejercicio que recibió a una persona que llegó con una sentencia absolutoria debajo del brazo» y del que por tanto, nada había que sospechar.

Las sesiones se reanudan el 9 de octubre.