El CGPJ contrata a la pareja de un vocal conservador clave para Lesmes

El nombramiento de Herrero como letrada del Consejo pasó ayer prácticamente desapercibido en un Pleno en el que se cubrieron otras plazas de funcionamiento interno y en el que se estudiaba la idoneidad del sustituto de Dolores Delgado al frente de la Fiscalía General, el 'plato fuerte' de la jornada. No por ello la inclusión en el orden del día y posterior elección de Herrero precisamente en un momento en el que la posición de Guilarte era (ayer) y será decisiva en próximas votaciones ha causado malestar en algunos vocales del sector conservador del CGPJ, que ven cuanto menos llamativo que precisamente Herrero haya sido la elegida entre otros dieciséis candidatos, entre ellos el juez de apoyo de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea. Herrero salió con doce votos en segunda votación, después de que en la primera ninguno de los candidatos obtuviera la mayoría necesaria. Guilarte, lógicamente, se abstuvo.

Aunque la plaza a la que optaba la pareja de Guilarte se denomina «jefe/a de sección de Relaciones Internacionales» fuentes del Consejo aclaran que en términos literales no es una jefatura, pues en ese departamento hay un solo jefe de servicio, que ostenta el mayor rango, y que es Luis de Arcos. Por debajo de él se sitúan letrados del Consejo –en la sección y en la unidad y por debajo de estos, personal administrativo y auxiliar. La RPT (Relación de Puestos de trabajo) de este servicio contempla dos plazas de jefes de sección. Una de ellas estaba vacante y es a la que ha optado Felisa Herrero. Los puestos de jefe de servicio y jefe de sección son los únicos a los que pueden presentarse los jueces. Todos los demás, de jefe de unidad para abajo, son de administrativos.

Herrero habla francés e inglés, tiene dos licenciaturas (en Derecho y en Ciencias Políticas y de la Administración) e ingresó por oposición en la carrera judicial en 1988. Desde 1990 tiene la categoría de magistrada.

Se da la circunstancia de que el voto de Guilarte fue clave para que el CGPJ diera ayer su aval a Álvaro García como fiscal general del Estado. Lo hizo con una ajustada mayoría de 12 votos (frente a los 19 posibles), en la que se limitó a constatar que el sustituto de Delgado cumplía los requisitos para el cargo (ser jurista español con más de quince años de ejercicio).

Siete vocales del sector conservador del Consejo consideraron que la apariencia de imparcialidad del fiscal-jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General de Delgado– está comprometida por haber acudido a un acto público de una formación política» (el PSOE) durante una precampaña electoral, imagen que fue portada de este diario. Y entre estos siete vocales no estaba Guilarte, como tampoco lo estuvo cuando la semana pasada votó en blanco el acuerdo que sí apoyaron el resto de consejeros propuestos por el PP y que consistía en pedir al Congreso que en la tramitación de la reforma del CGPJ que levantaba el veto para nombrar a dos magistrados del TC se les escuchara. La reforma fue aprobada el miércoles por el Senado con el compromiso público de Lesmes de que el Consejo cumplirá la ley.

No son estas las primeras veces que Guilarte vota con vocales progresistas –desde el comienzo del mandato del Consejo (2013) lo ha hecho en otras ocasiones; también ha votado en blanco diferenciándose siempre de Lesmes–. Por eso resulta llamativo que en un momento en el que el presidente del Consejo necesita 12 votos para que «desde la institución» que él preside no se boicoteen las propuestas de nombramiento al TC de septiembre –lo que implica contar con los siete vocales del grupo progresista, tres del sector conservador y el propuesto por el PNV–, Guilarte se ponga de su lado.

En este sentido, las votaciones sobre la idoneidad del sustituto de Delgado reflejaron ayer ya la consumación de la ruptura del bloque conservador del Consejo y dieron una pista más que fiable de la configuración de los doce votos necesarios para sacar adelante los nombres de los dos magistrados que el CGPJ tiene que proponer para el TC, un movimiento que podría beneficiar a Lesmes si se propone formalmente como candidato para desembarcar como magistrado del órgano de garantías.

Por un lado se sitúan Carlos Lesmes con los siete vocales propuestos por PSOE e IU; el consejero propuesto por el PNV, Enrique Lucas, y los conservadores Juan Martínez Moya, Vicente Guilarte y Wenceslao Olea, este último magistrado del Supremo. Por otro están los vocales del sector conservador José Antonio Ballestero, Ángeles Carmona, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández, José María Macías, Gerardo Martínez Tristán y Carmen Llombart.

El presidente anunció ayer la fecha de ese Pleno, el 8 de septiembre, y aprovechó para emplazar a los vocales a que se pongan de acuerdo para consensuar dos candidatos que reúnan el mínimo de 12 votos necesarios, tres quintos de la actual composición del Consejo.

Pese al rechazo que la imposición de plazos despertó en el sector conservador del órgano de gobierno de los jueces, Lesmes ya anunció su intención de cumplir la ley y llegar a ese día 13 (cuando vence el plazo que la propia reforma impuso) con los deberes cumplidos.

En el aire está la postura que tome la mayoría de los vocales del grupo conservador, que, en el voto particular en el que ayer justificaron su negativa a apoyar al nuevo fiscal general, los siete ya dejaron claras sus discrepancias con Lesmes y los progresistas. Cree que García Ortiz no cumple «con el requisito de la imparcialidad que la asunción de tan alta responsabilidad implica».

A su juicio, su trayectoria «se liga de manera intensa» a la de Delgado, cuya idoneidad este mismo grupo de vocales ya cuestionó. A ello se unen las «circunstancias nada claras y perjudiciales» para el crédito de la Fiscalía que se dan en el nuevo fiscal general: el caso Stampa o su participación en un acto de precampaña del PSOE gallego. «El evento en cuestión (...) no consistió en un debate de ideas en el marco de una actividad académica, sino de una entidad (un 'think tank') cuya razón de ser es proporcionar sustento ideológico a un partido político», apuntan en su escrito.