El CGPJ avisa al Gobierno de que estará vigilante con las comisiones 'lawfare'

El acuerdo se ha aprobado en una reunión extraordinaria convocada a petición de los vocales José Antonio Ballestero, Ángeles Carmona y Carmen Llombart después de que la Mesa del Congreso de los Diputados haya aprobado la constitución de dos comisiones de investigación que versarán sobre los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils de agosto de 2017 y sobre la denominada 'operación Cataluña'.

El comunicado aprobado el pasado 9 de noviembre a la vista del texto del acuerdo suscrito por el PSOE y Junts decía lo siguiente: «Ante las inadmisibles referencias, que lo son tanto semántica como sustantivamente, al 'lawfare' -judicialización de la política- contenidas en el acuerdo suscrito entre el PSOE y Junts con la finalidad de facilitar la investidura y, especialmente, frente al anuncio de la eventual constitución de comisiones parlamentarias de investigación que puedan llegar a determinar lo que ambiguamente se denominan «responsabilidades» derivadas, precisamente, de advertirse situaciones de 'lawfare', nos hacemos eco y compartimos el frontal rechazo a tales iniciativas, en línea con lo ya manifestado por la totalidad de las asociaciones judiciales.

Tal repudio se funda, de manera muy justificada, en la evidencia de que ello implica potencialmente someter a revisión parlamentaria decisiones enmarcadas en la exclusividad del ámbito competencial de nuestros Tribunales que, por otro lado, entendemos se produjeron de forma plenamente acorde con la legalidad entonces enjuiciada. Por todo ello, la iniciativa apuntada implicaría una inadmisible injerencia en la independencia judicial y un flagrante atentado a la separación de poderes. La continuidad de tal iniciativa parlamentaria, de llegar a materializarse, determinaría nuestra más frontal oposición a través de los cauces legalmente establecidos.

Paralelamente hemos de expresar nuestro apoyo real y no meramente nominal a todos los órganos del Poder Judicial con ocasión de las futuras actuaciones que puedan llevar a cabo en el marco de la legalidad en cada momento, vigente garantía última de los derechos y libertades de todos nuestros ciudadanos».

El acuerdo aprobado hoy por la Comisión Permanente añade que el Consejo General del Poder Judicial se mantendrá vigilante, en defensa de la independencia judicial, en relación con el desarrollo de las citadas comisiones parlamentarias de investigación.

El acuerdo ha sido aprobado con el voto de calidad del presidente del CGPJ, Vicente Guilarte, después de que éste y las vocales Roser Bach y Mar Cabrejas expresaran su apoyo al texto. Los vocales José Antonio Ballestero, Ángeles Carmona y Carmen Llombart han votado en contra y han anunciado la formulación de un voto particular por considerar que el acuerdo es insuficiente y necesita ser ampliado. La vocal Pilar Sepúlveda ha votado en blanco.

En su voto particular los tres vocales consideran que la creación de esas comisiones de investigación (en concreto, una sobre los atentados yihadistas de Barcelona y otra sobre la denominada operación Cataluña) han supuesto un paso más respecto a la literalidad del acuerdo PSOE-Junts.

"Ha llegado, pues, el momento de continuar con la oposición anunciada a la creación de dichas comisiones en el legítimo ejercicio de las competencias atribuidas a este Consejo, creado precisamente por la Constitución Española, superando la etapa dictatorial de unidad de poder y coordinación de funciones, para garantizar la independencia del Poder Judicial", apuntan en su escrito. Con la creación de estas comisiones se pretende generar, dicen, un "nuevo tipo de responsabilidad de jueces y magistrados, que ya no sería sólo la legal (penal, civil o disciplinaria), sino también la responsabilidad política, contraria al modelo de juez constitucional, independiente en cuanto sometido únicamente al imperio de la Ley".

Aluden también a las declaraciones del presidente del gobierno en las que confirma la existencia del denominado lawfare, "del que incluso pone supuestos ejemplos". "O las no menos explícitas del ministro de transportes quien, ante la pregunta de si existían casos de guerra jurídica en nuestro país, ha respondido tajantemente: 'Esto es como las meigas; uno puede no creer en ellas, pero haberlas haylas'. Casos de 'lawfare' sin duda hay en este país. Y negarlo es un gesto de cinismo. Yo creo que el Poder Judicial tampoco puede agarrarse al corporativismo y decir que no hay casos de 'lawfare' en España porque los hay, los ha habido y están demostrados".

Para estos vocales, "todo este conjunto de declaraciones, la creación de las comisiones de investigación en fraude de ley, o el planteamiento de sorprendentes querellas conforman y preparan un inadmisible e injustificado clima de agitación y propaganda contra jueces y magistrados que, sin embargo, se han limitado a aplicar, con las garantías propias de un juicio justo según los más más altos estándares del Estado de Derecho, leyes, como el Código penal, aprobadas por las Cortes Generales nacidas de la Constitución Española".