Al caso Cerdán se le pone cara de Gürtel

Aquella imagen, y la entrada en prisión del extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas en junio de ese mismo año al descubrir el instructor de la Audiencia Nacional movimientos de sus cuentas en Suiza hacia Uruguay y Estados Unidos, quedaron en el imaginario colectivo como la representación de la búsqueda de las pruebas de una financiación irregular del partido de Mariano Rajoy que, años después, con la sentencia de aquella causa, en la que se condenó a la formación como beneficiario a título lucrativo de la corrupción, provocó la moción de censura que le expulsó del Gobierno.

En el momento que el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente citó como investigado a Santos Cerdán -quien lo fue todo en el PSOE de Sánchez, ocupándose de la ley más controvertida de su gobierno, la de amnistía- la causa que arrancó como el descubrimiento de corruptelas en el Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos tomó un nuevo vuelo que cada vez recuerda más al caso Gürtel.

El instructor del Alto Tribunal, apoyándose en un extenso informe de la Guardia Civil, sitúa a Cerdán en la cúspide de una organización criminal de amaño de adjudicaciones de obra pública -principalmente a través de contratos supuestamente entregados a dedo a Acciona- a los que en diciembre de 2024 apuntó el empresario Víctor de Aldama.

Investigado por llevarse comisiones ilegales (reconocidas) de la que fue la primera rama de la causa alrededor de contratos para traer material sanitario a España durante la pandemia, Aldama apuntó mucho más alto durante sus declaraciones voluntarias tanto en la Audiencia Nacional (donde comenzó a investigarse a la trama antes de que entrara Ábalos, diputado y por lo tanto aforado ante el Tribunal Supremo) y en el Alto Tribunal en noviembre y diciembre de 2024.

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«Muchas veces decían que parte del dinero iba para el partido», afirmó el comisionista ante el magistrado Puente en referencia a Ábalos y su asesor ministerial Koldo García, apuntando a que los pagos regulares que hizo presuntamente al exministro valenciano y a su asesor -de los que los investigadores ven ya suficientes indicios- tenían como finalidad la financiación ilegal del PSOE.

Han pasado sólo siete meses y las afirmaciones que realizó Aldama, que fueron subiendo de nivel desde los pagos de pisos para exparejas de Ábalos y el costeo de sus casas vacacionales hasta una trama de adjudicaciones multimillonarias de ampliaciones de carretera se van acreditando por distintas vías.

El caso Gürtel, que recibió dicho nombre por la traducción al alemán del apellido del cabecilla de la trama, Francisco Correa, tuvo a su José Luis Peñas -el concejal de Majadahonda (Madrid) que, reconociendo su implicación en hechos delictivos ayudó también a la Fiscalía Anticorrupción a avanzar en la investigación alrededor de adjudicaciones irregulares a las empresas del grupo Correa- y el caso Cerdán tiene a su Aldama, a quien la Fiscalía ya ha avanzado que compensará con atenuantes en una futura condena si la causa por corrupción llega a juicio.

Luis Bárcenas, a quien Mariano Rajoy se refirió como «ese señor del que usted me habla» cuando la Audiencia Nacional investigaba la supuesta existencia de un sistema de financiación irregular de la formación, a través de pagos de empresarios, ingresó al inicio de la investigación del caso Gürtel en la misma cárcel madrileña de Soto del Real a la que este lunes el instructor Puente envió a Santos Cerdán.

Anticorrupción y la Guardia Civil, bajo la batuta del magistrado, centran ahora la investigación del caso en el ex secretario de Organización del PSOE y máximo responsable de las estructuras del partido en las distintas provincias. Precisamente su ingreso en prisión para evitar que destruya pruebas o inste a otras personas a que las destruyan se ha acordado en un momento incipiente de la causa contra él, pues previamente, por su condición de diputado y su aforamiento, los investigadores no han podido comprobar si su patrimonio tuvo un incremento destacable en los últimos años o si atesora dinero fuera de España.

Aldama apuntó en su declaración a que su protagonismo en la trama se debe a que no sólo buscaba beneficios para sí mismo, sino también para el PSOE, y en su auto de prisión de anteayer, el juez apuntaba a futuras imputaciones de personas «físicas y jurídicas».

En el interrogatorio acordado con su abogado Benet Salellas, en el que se presentó como víctima de una «persecución política» por ser el «arquitecto del Gobierno progresista», Cerdán se adelantó a descartar que él o el PSOE recibieran algún pago irregular.

El partido del Gobierno le ha girado la cara desde que su nombre apareció en el informe bomba de la UCO y presentó su dimisión de todos sus cargos. «Es un asunto de una persona que no tiene nada que ver con el PSOE», dijo la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, sobre Cerdán después de que el juez le enviara a la cárcel.