Cerca de 70 detenidos por hacerse con las citas previas de extranjería con un 'bot' para revenderlas por hasta 200 euros

Una nueva fase de investigación ha culminado con detenciones en Madrid, Albacete, Alicante, Almería, Badajoz, Barcelona, Vizcaya, Burgos, Cádiz, Córdoba, Baleares, Marbella, Murcia, Tarragona, Tenerife, Toledo y Valencia. Asimismo, hay un total de 25 investigados no detenidos en las provincias de Madrid y Cádiz.

Los arrestados son considerados presuntos responsables de los delitos de pertenencia a organización criminal y daños informáticos, en una investigación que ha permitido identificar a 94 personas.

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Así lo ha dado a conocer este viernes la Policía, que ha detallado que los ciudadanos extranjeros interesados en pedir citas se veían obligados muchas veces a recurrir a alternativas, incluso a contactar con los propietarios o intermediarios de los 'bot' a cambio de una contraprestación económica de entre 30 y 200 euros.

Coordinada por la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF), las pesquisas arrancaron con una investigación de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Valencia que pasó al Juzgado de Instrucción 8 de Valencia, a raíz de un informe técnico de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Comisaría General de Policía Judicial.

A partir de este informe se pudo desbloquear una serie de investigaciones de varias Brigadas Provinciales de Extranjería de España relacionadas con los problemas existentes de ciudadanos extranjeros en España para acceder al sistema de cita previa.

La investigación policial llevó hasta una red criminal que utilizaba un 'bot' informático, que mediante tareas repetitivas, predefinidas y automatizadas obtenían la práctica totalidad de las citas personales disponibles, que son «imprescindibles» para presentar trámites obligatorios de extranjería en todo el país.

El 'bot' hacía inaccesible el sistema inaccesible para los usuarios, por lo que interrumpía de esta manera el normal acceso a un servicio público gratuito, que presta precisamente la Policía Nacional como cuerpo policial competente en exclusiva para la realización de trámites de extranjería.

El 'bot' informático desarrollado por la organización criminal tenía la capacidad de evitar los mecanismos de seguridad instalados en la página web donde se realiza la solicitud de citas online, siendo capaz de librar los llamados 'captcha', destinados a detectar la presencia de este tipo de programas informáticos.

Según la Policía, los líderes de la organización instruían a los intermediarios sobre la utilización de una conexión VPN (Red Privada Virtual) para ocultar de la dirección IP real del intermediario y la posibilidad de acceder a un mayor número de citas ya que, este sistema, al cambiar la IP de manera automática evitaba que el servidor los bloqueara por exceso de solicitudes de cita previa.

En una primera fase de la investigación se realizaron distintas tomas de declaración, análisis económico-patrimoniales de sociedades y otras indagaciones que concluyeron con una primera operación policial en la que se practicaron cuatro entradas y registros.

Los agentes detuvieron a los cuatro principales integrantes de la organización en Barcelona y Valencia. Asimismo, intervinieron gran cantidad de efectos informáticos, diversa documentación y un total de 206.950 euros en efectivo.

Después de estos primeros arrestos se llevó a cabo una investigación económica en torno a los principales investigados, así como de la empresa utilizada para suministrar servicios de alquiler del 'bot' para la venta de citas de extranjería.

Además, se llevó a cabo un análisis de la documentación intervenida en los registros y otras pesquisas que permitieron detectar a un grupo de personas que actuaban como intermediarios, en connivencia con los principales investigados detenidos.

Una vez alquilado el 'bot', los arrestados lo empleaban de forma ininterrumpida sobre el sistema informático de citas online, introduciendo o transmitiendo datos, perjudicando así gravemente el normal y correcto funcionamiento de la web de gestión de citas.

También la investigación permitió localizar una serie de contratos mercantiles entre los intermediarios y los principales investigados para la prestación de servicios de 'bot' online. A través de este documento admitían que actuaban sobre el 'bot' como responsables del fichero y como propietarios de este recurso digital.

Y tras el estudio económico, se pudo identificar que todas las transacciones estaban mencionadas en su concepto como «alquiler robot». Incluso se tuvo conocimiento de que los intermediarios habían recibido grandes cantidades de dinero en concepto de ingresos por la venta de citas de extranjería, provenientes de personas que querían solicitar asilo, a las que no les quedaba más remedio que pagar por lograr una cita que, «en circunstancias normales, es gratuita».

Los intermediarios eran abogados, gestores, asesores y otros conseguidores con los que trabajaba la referida empresa. Para la Policía, eran conocedores y conscientes de la existencia de un daño informático contra la web oficial de citas y del perjuicio que con sus actos provocaban a los extranjeros que, en muchas ocasiones, se encontraban en una situación de gran vulnerabilidad y desesperación.

Para usar un 'bot' contaban con una licencia propia para cada intermediario, que le daba acceso a una hoja de cálculo en la que cumplimentaban los datos de los solicitantes finales de la cita. Esa hoja, una vez cumplimentada, era enviada para nutrir al 'bot' con los datos para que de forma automática lanzase la información aportada a la web una vez se liberaban las citas. El manejo de datos por parte de los presuntos intermediarios permitía también la elección de la provincia y el trámite de extranjería a realizar.

El 'bot' detectaba el momento en el que se liberaban citas en las diferentes provincias y las conseguía al tener precargados los datos y estar programado las 24 horas al día controlando la liberación de citas, comprometiendo la operatividad funcional del sistema.

En una segunda fase, desarrollada en las provincias de Alicante y de Cáceres, se identificó a dos personas como responsables de la obtención «masiva» de citas mediante una empresa. Al proceder a la entrada y registro en un domicilio de la provincia alicantina, se intervino un ordenador que se encontraba encendido y en el que se encontraban, entre otras, varias ventanas de navegador abiertas conectadas a la página de citas de la sede electrónica, en el inicio de la solicitud de trámites de extranjería. Y en otra ventana había una hoja de cálculo que se modificaba de forma automática o remota.

El abogado Juan Gonzalo Ospina, que ejerce la defensa de varios de los detenidos en la operación, apuntó ayer que «las investigaciones policiales apuntan a un delito de hackeo informático, al que podría sumársele otro contra los derechos de los extranjeros». Pidió «respeto para los investigados» y manifestó que entre ellos «se pueden encontrar víctimas de la propia mafia».