El Centro Criptológico Nacional avisa: «Estamos por detrás en gobernanza de la ciberseguridad»

«Que alguno de los actores, ya sea Administración General del Estado, autonómica o local, sea menos eficaz en la detección y respuesta a los ciberataques compromete al resto -añade-. Si un ayuntamiento es débil en sus defensas y el atacante entra en sus sistemas ya tiene un plus, porque opera como una persona de esa corporación, con unos privilegios, que está suplantando, y en cambio para el resto es una persona confiable, con lo cual ya avanza un nivel. En el ámbito nacional, por tanto que una administración pública sea débil marca la debilidad del resto. Es importante tenerlo en cuenta».

Al hilo de ello, Candau considera que «España está rezagada en gobernanza de ciberseguridad. Todos los países han creado agencias que dan servicios horizontales, que complementan las protecciones que tiene cada organismo. Al final el que protege la red es el responsable de la misma, pero ellos han montado agencias con capacidad de decisión donde nosotros tenemos el Consejo Nacional de Seguridad, donde todo el mundo opina, que está muy bien, pero que es sólo consultivo«.

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«Necesitamos -opina- un órgano que sea un poco más ejecutivo. Puede ser el Centro Criptológico o una entidad asociada, pero alguien. En lo que respecta a respuesta de incidentes sí es el centro el responsable, pero hay más cosas imprescindibles: medios de ciberseguridad, auditorías, gobernanza, requisitos a empresas, cómo hacer los pliegos para que sean más ciberseguros»…

«La solución, que sea la que se decida -insiste-, pero que se cumpla el objetivo. Los ingleses tienen esa agencia, como los alemanes, los italianos o los franceses… Creo que es nuestra gran carencia, la aproximación a una ciberseguridad más completa, no con tantos actores como estamos ahora, sino con todos integrados. La agencia que se cree no tiene por qué ser un organismo donde todos desaparezcan sino uno integrador. Pero tiene que tener un rango un poquito superior al resto».

Además hay un problema de legislación, que está superada por la realidad. «Las comunidades autónomas tienen que crear sus estructuras de ciberseguridad pensando en el poder local. Tenemos una ley del año 85, de cuando no había redes, que dice que las diputaciones darán servicios de informática y de TIC a los ayuntamientos de menos de 20.000 vecinos. Tenemos que actualizar eso. Un ayuntamiento de menos de 20.000 no se puede defender solo, pero de más de 20.000 tampoco. Los de 250.000, 300.000 o medio millón cuentan con más medios, pero sus estructuras de ciberseguridad también son muy débiles comparadas con las de los atacantes».