«Os habéis cavado vuestra propia tumba en la unidad»

El problema de las dietas explotó en Baleares, pero comenzó días antes, cuando a la unidad con sede de Valencia se le comunica que «no hay dinero en las cajas pagadoras de la Policía». A pesar del anuncio, se indicó a la unidad que debía viajar a Murcia con motivo de la huelga del metal que se está desarrollando en la Región.

«Nos comunican que vamos sin dinero», explicó el agente. Al tratarse de una estancia de un día, los miembros de la unidad decidieron aceptar y adelantar de su bolsillo «ciento y pico euros», que no saben cuándo les van a ingresar. Al volver de Murcia, dirigieron un escrito a su superior en el que detallaban, por un lado, que «el viaje a Murcia debía haberse pagado» y, por otro, que «no entrábamos al hotel si no nos ingresaban el dinero». El agente aseguró que «nuestro jefe se lo tomó un poquito mal», y que «ahí empezó el lío».

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Casilda Zuloaga

Después, llegó Mallorca. Los miembros de la UIP llegaron al Aeropuerto Internacional de Valencia sin haber recibido aún los 1.800 euros que necesitaban para cubrir su estancia. «Fue en el momento de la facturación cuando nos lo ingresaron», especificó. «Aunque solo el 80 por ciento, es decir, 1.100 euros». Los 700 euros restantes debían salir del bolsillo de los agentes, quienes, con naturalidad, preguntaron: «¿Cuándo nos lo van a abonar?». Ante la clara respuesta de sus superiores, que optaron por un «no sabemos», los agentes decidieron no adelantar ni un euro. La fuente consultada por ABC quiso recordar que, según dicta la ley, «el funcionario no debe adelantar ningún tipo de dinero». Y añadía que «simplemente estamos pidiendo que se nos pague el alojamiento».

Al llegar a Mallorca, los agentes consultaron con los responsables del alojamiento si existía algún problema en abonar los 1.100 euros correspondientes a once noches. Desde el hotel les transmitieron que no había ningún inconveniente. Tras pagar con la dieta correspondiente, los agentes se dirigieron de nuevo a su superior mediante un escrito en el que detallaban que, una vez finalizada la estancia de once noches, «abandonarían el hotel». Su jefe se presentó ante ellos y les advirtió que, si seguían adelante, podrían incurrir en una responsabilidad administrativa con el hotel y en un problema de régimen disciplinario con la Policía. «Tenéis que pagar sí o sí», les comunicó.

Ante la disyuntiva y la incertidumbre de dónde iban a dormir esa noche -el agente asegura que «nos veíamos en la calle»-, decidieron aferrarse a su decisión y a lo que marca la ley. Salieron voluntariamente del alojamiento ante la imposibilidad de pago. En todo momento los agentes continuaron prestando servicio, y en ocasiones tuvieron que aguantar las malas formas de sus superiores.

A raíz de su decisión, uno de los agentes de la UIP asegura que las intimidaciones no tardaron en llegar: «Os habéis cavado vuestra propia tumba dentro de la UIP». O advertencias a los miembros del cuerpo que se encuentran en comisión -supliendo una baja- de que «les pueden echar».

La presión de la opinión pública y la de sindicatos como Jupol o SUP propiciaron que el Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González Jiménez, se comprometiera -aunque no por escrito- a hacer llegar los 700 euros a los agentes si regresaban al hotel y pagaban de su bolsillo las seis noches restantes.

Siete de los nueve agentes decidieron confiar en la palabra del DAO, y los otros dos lograron ser acogidos por el dueño de un hotel que pertenece a la

Asociación Hotelera de Paguera y Cala Fornells. La fuente consultada por ABC no ha querido esclarecer a qué grupo pertenece. El grupo de agentes de la UIP regresará a Valencia mañana, aún con la incertidumbre de si podrán recuperar los 700 euros que siete de ellos han adelantado. Ellos tan solo reclaman un derecho recogido en la legislación vigente: que ningún funcionario debe adelantar dinero de las dietas que le corresponden.

Es un problema más entre los muchos que acumulan las Fuerzas de Seguridad del Estado: el no reconocimiento como profesión de riesgo, la falta de equiparación salarial con las policías autonómicas, y otros derivados de disposiciones adoptadas -o en estudio- que restan autoridad a los agentes. «Se dirá que 700 euros no son motivo para organizar este lío», pero lo ocurrido pone de manifiesto «la precariedad, la falta de empatía y la arbitrariedad» con la que son tratados quienes están encargados de velar por nuestra seguridad.