Las causas de 2023: el juicio a Camps, el caso Villarejo y el test de Lezo

Camps se sentará en el banquillo a partir del 23 de enero y tras haber sido exonerado ya de nueve de las diez causas que le han salpicado. La Fiscalía Anticorrupción pide dos años y medio de cárcel para él por la contratación directa de la trama que lideraba Francisco Correa para el montaje de un stand de la Comunidad Valenciana en la Feria Internacional de Turismo (Fitur).

Sin salir de levante, el caso Erial, que afecta al también expresidente regional Eduardo Zaplana, está ya listo para juicio a falta de fecha, mientras Azud, que implica al socialismo valenciano, sigue en investigación.

El de Camps es el único juicio de Gürtel señalado para este año, pero quedan otros dos: la pieza principal sobre blanqueo y los contratos en Arganda del Rey (Madrid). Podría fijarse convocatoria para cualquiera de estas piezas en los próximos meses.

Mientras, y si la Sala de lo Penal no lo revierte, la investigación ha finalizado después de que el Juzgado Central de Instrucción 5 archivase la última pieza viva. Se trataba de la sospecha de que las anotaciones del extesorero del PP Luis Bárcenas reflejaban donaciones a la caja B por adjudicaciones públicas. No se han encontrado indicios de correlación en los casos analizados.

Mientras Gürtel acaba, otras entran en la recta final. Lezo, sobre contratos del Canal de Isabel II y las actividades del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, llega a su primer juicio por la pieza relativa a la compra de la sociedad colombiana Inassa ante la sospecha de sobreprecio a costa de las arcas públicas. Él no está acusado en esta línea separada que llegará al banquillo el 24 de mayo, pero sí los exconsejeros madrileños Pedro Calvo y Juan Bravo. Están pendientes de fijar fecha los juicios por otras piezas que sí afectan a González por distintos contratos.

Púnica tiene un juicio en celebración que se retoma esta semana tras el parón por la Navidad. Se trata de la línea que afecta a contratos de imagen suscritos en la Diputación de León, una pieza menor con un impacto insospechado en otras aún pendientes de enjuiciamiento donde también mediaron este tipo de servicios.

Destaca la relativa a la presunta financiación del PP de Madrid en tiempos de Esperanza Aguirre, exonerada igual que varias decenas de imputados a instancias de la Fiscalía. Si la Sala de lo Penal confirma lo acordado por el juzgado, serán seis los procesados, entre ellos el exconsejero Francisco Granados y el exgerente Beltrán Gutiérrez, por contratos como estos. Respecto de las otras diez piezas separadas de la macrocausa, la relativa a Murcia sigue pendiente de fecha y en otras dos falta auto de apertura del juicio oral. El resto sigue en instrucción.

En la misma situación están la causa por blanqueo de capitales que abrió el Juzgado Central de Instrucción 6 contra el cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero y el caso Neurona, que le tiene imputado por presunta falsedad en una factura y al partido por un presunto delito electoral aún no esclarecido.

Esta causa, del Juzgado de Instrucción 42 de Madrid, encalló hace meses cuando el juez, Juan José Escalonilla, ordenó una pericial sobre el coste que pagó Unidas Podemos por los servicios que recibió de la consultora mexicana en las elecciones de abril de 2019. No encuentra perito que quiera hacerlo. La previsión es que la causa acabe este año.

En la Audiencia Nacional Monedero tiene un horizonte un poco más complicado, salvo que la Sala de lo Penal estime sus recursos. La investigación por blanqueo comenzó el pasado verano y podría prolongarse meses porque implica recabar datos en el extranjero.

También con Podemos en el foco, sigue viva la pieza 'Dina' del caso Villarejo y también llegará a su fin este año después de varias idas y venidas. Mientras la Justicia ordinaria dirime si abre causa contra la exasesora de Pablo Iglesias por presunta denuncia falsa y falso testimonio, está por decidir qué ocurre con lo actuado en la Audiencia Nacional: archivar el caso si se considera que los testimonios de los perjudicados desvirtúan los indicios o volver a dictar auto de procesamiento y enfilar el asunto a juicio contra el comisario José Manuel Villarejo y los periodistas de 'Interviú', imputados desde 2019.

Sin más juicios a la vista, pero con una sentencia que puede cambiar toda la investigación y que se espera llegue antes de verano, está Villarejo en la Audiencia Nacional, con una veintena de investigaciones abiertas. Parte de ellas finalizan este año, como la investigación sobre los contratos con el BBVA, que se prevé termine el primer trimestre del año. Se abrirá también juicio oral en 2023 por la trama Kitchen, de la que falta por conocer la acusación de la Fiscalía.

Con todo, Villarejo tiene pendiente otra sentencia por la grabación de una reunión del CNI sobre Francisco Gómez Iglesias en la que afronta cuatro años de cárcel que podrían devolverle a prisión. Mientras, el conocido como Pequeño Nicolás espera un nuevo juicio en febrero tras acumular ya tres condenas. Su entrada en prisión depende de los recursos al Tribunal Supremo.

Hay otro procedimiento que salpicará el calendario de 2023. Una vez esclarecido en un tribunal británico que Don Juan Carlos goza de inmunidad en su jurisdicción antes de la abdicación, queda por dirimir la demanda contra él de Corinna Larsen por hechos posteriores, en los que ella incluye actos de acoso y difamación. La demanda, así, echa por fin a andar y se discutirán sus términos. Hasta ahora, sólo se han dirimido cuestiones de forma.

También fuera de nuestras fronteras, está pendiente el destino de Carles Puigdemont, con una inminente resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que tendrá su reflejo en el Tribunal Supremo. La entrada en vigor de la supresión de la sedición y la rebaja de penas por malversación impactarán en todas las causas relativas a los coletazos del procés, como la que tiene a la espera de juicio a los diputados de ERC Josep María Jové y Lluis Salvador, pendientes del BOE. Mientras, sigue sin fecha el juicio al clan de los Pujol, aunque podría fijarse este año.

También llega la hora de dos macrojuicios que llevaban tiempo esperando y que ponen a prueba el aforo de las salas de vistas de la Audiencia Nacional, incluida la de San Fernando de Henares (Madrid), donde tradicionalmente se han celebrado los procedimientos con más afluencia y que se queda pequeña ante asuntos de estafa o narcotráfico, con cada vez más acusados.

De hecho, han comenzado ya unas obras de remodelación que ampliarán el espacio. En el primer trimestre acogerá los macrojuicios a los Ángeles del Infierno, con 47 individuos en el banquillo por un rosario de delitos como organización criminal o blanqueo; y al clan de los Miami, con 90 acusados, incluida la conocida como 'reina de la coca', Ana María Cameno. En ambos casos, varios ya han reconocido los hechos.

En paralelo, esperan apertura de juicio oral otras dos macrocausas: Emperador, contra Gao Ping, y Mito, el último gran golpe al narco gallego Sito Miñanco. Titella, también con decenas de salpicados, está lejos aún de esa fase.

Este año se espera el fin del caso mascarillas en Madrid contra dos comisionistas, que se decida sobre la imputación de tres altos cargos del Gobierno por ventas de material sanitario y avances en las pesquisas de la Fiscalía Europea por este y otros casos de uso de fondos comunitarios.