Las veguerías no superan ni el «constitucional» catalán

La Ley de creación de veguerías es uno de los proyectos más controvertidos del tripartito dentro del proceso de desarrollo legislativo del Estatuto. Se trata de un texto discutido tanto por el PP como por CiU, que hoy coincidieron en reclamar que se posponga su votación para ajustar la ley al marco constitucional. Y de un evidente «cambio de cromos» entre PSC y ERC, por el que los primeros apoyan la nueva división en veguerías —tradicional reivindicación del catalanismo que ve en las diputaciones y provincias una rémora del franquismo— a cambio de que los republicanos avalen la recuperación del gobierno metropolitano de Barcelona, suprimido en su día por Jordi Pujol, que veía en él un contrapeso socialista al poder de la Generalitat.

El texto pactado finalmente dentro del tripartito propone la creación de siete regiones que sustituyen a las provincias como entes de gobierno supralocal y ámbito de organización territorial de la Generalitat, pero no como demarcaciones electorales para las elecciones generales ni como ámbito de organización territorial del Estado. Y suprime las actuales diputaciones en favor de los consejos de veguería, que heredan competencias y recursos materiales.

Desde el momento en el que varía límites provinciales en Barcelona, Tarragona y Lleida, el proyecto exige su aprobación previa a través de una ley orgánica, puesto que las provincias están protegidas por el artículo 141 de al Constitución española. Y es ahí donde lanza su advertencia el Consejo de Garantías, que declara inconstitucional la Disposición transitoria primera en la que se especifica el proceso de sustitución hasta constituir las siete veguerías: Barcelona, Girona, Lleida, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, Alt Pirineu y Catalunya Central.

En su dictamen, no vinculante, señala que esta disposición transitoria primera es inconstitucional en su apartado 2, que prevé la división de la provincia de Tarragona en las veguerías de Terres de l'Ebre y Camp de Tarragona «sin contar con la previa aprobación de ley orgánica».

Advierte además que el artículo 9 y la disposición final tercera, que se refieren a la creación de los consejos de veguería, son constitucionales y acordes con el Estatut siempre que «el Govern respete la necesaria coincidencia entre los ámbitos territoriales afectados, ajustando siempre el proceso de constitución de sus demarcaciones vegueriales a las veguerías existentes en cada momento. Y esto en el marco de la preceptiva decisión estatal mediante ley orgánica».

El consejero de Gobernación y Administraciones Públicas de la Generalitat, Jordi Ausàs, responsable del proyecto de ley, lamentó que el Consejo de Garantías Estatutarias haga «una lectura muy restrictiva de las posibilidades de autogobierno, y una interpretación muy expansiva del hecho provincial» en su dictamen sobre el Proyecto de ley de Veguerías y rechazó retrasar su aprobación.