Sandro Rosell se querella contra Villarejo y mandos policiales por fabricar pruebas falsas contra él

Además de contra Villarejo, la querella se dirige contra el excomisario Marcelino Martín-Blas, el exinspector Antonio Giménez Raso, el inspector Alberto Estévez y el exagregado del FBI en la embajada estadounidense en Madrid Marc L. Varri.

La defensa del entonces presidente del Barça, que ejerce el despacho Molins, señala en su escrito que si bien Rosell en 2012 no ejercía ningún cargo público, ni militaba en ningún partido político, algunos responsables de la citada trama «le consideraban, al parecer, vinculado con el independentismo». Circunstancia que, «unida a la indudable relevancia social del FCB, puso al querellante en el punto de mira de dicho entramado delictivo».

Apuntan así a una conversación de noviembre de ese año, que destapó en digital 'El Món', en la que la entonces presidenta del PP catalán y ahora senadora Alicia Sánchez-Camacho trasladó a Villarejo una «auténtica lista negra» de personas que debían ser investigadas y «perseguidas policialmente» por su supuesto vinculo con el independentismo. Entre ellos, Rosell.

En dicha conversación, el excomisario se refirió a supuestas actuaciones irregulares de la tesorera del club, Susana Monje, quien luego denunció haber sido víctima de chantaje por parte de los citados mandos policiales. Además, prosigue la querella, Sánchez-Camacho trasladó a Villarejo que la familia de Rosell era una de las fundadoras de Convergència Democrática, junto con los Pujol y los Sumarroca, quienes, según la popular, habrían «colocado» a Rosell al frente de la entidad azulgrana.

En ese mismo encuentro, Camacho facilita al comisario el contacto de Victoria Álvarez, expareja del primogénito de Pujol, que pasó a ser «confidente» de Villarejo, apunta la querella. Esta última le presentó a un tercero, José Luis Pérez, que decía tener «informaciones sobre conductas irregulares de Rosell». Pero, señalan los abogados del expresidente azulgrana, Pérez sufre un trastorno mental y fue condenado en dos ocasiones por coacciones a un miembro de la junta directiva del club.

«Pese a este llamativo perfil, a sus previas imputaciones y condenas penales y a su evidente desequilibrio psíquico, el Sr. Pérez sería reclutado por el entramado descrito para actuar como confidente de policías y fiscales, y para nutrir con sus delirantes teorías diversos informes policiales que acabarían llevando a prisión a Sandro Rosell. ¡Inaudito pero cierto!», reza el escrito presentando ante la Audiencia Nacional.

Pérez -contra el que no se querellan ahora por su trastorno psíquico- se reunió tanto con Villarejo, como con Giménez Raso, según se desprende de las propias anotaciones de la agenda del excomisario. A raíz de las informaciones que este les proporcionó, entra en escena Marc L. Varri, adscrito a la Embajada de EEUU en Madrid y agente enlace del FBI. Según la defensa de Rosell, Villarejo mantenía con él una «larga y estrecha relación». En sus encuentros, en los que también participó el comisario Pino, abordaban «solicitar ayuda a la policía estadounidense para combatir al independentismo catalán».

La estrategia, según expone la querella, consistía en obtener información y «confeccionar pruebas falsas» para «intimidar, investigar, imputar, perjudicar y desprestigiar» a personas que «se consideraban cercanas al citado movimiento».

Ahora el abogado de Rosell sostiene que, con esta investigación prospectiva, «se habría acordado activar -o, en todo caso, aprovechar- un supuesto requerimiento de información remitido desde Estados Unidos a España en relación con el denominado asunto 'Fifagate', de corrupción en el mundo del fútbol, que serviría como pretexto para iniciar» las pesquisas policiales contra el presidente del Barça en España.

En base a este requerimiento, «se abrió en junio de 2015 una investigación prospectiva y secreta en la Fiscalía de la Audiencia Nacional», donde fue juzgado y absuelto en 2019 tras 21 meses de prisión provisional.