Zapatero anticipa el perdón para Puigdemont

El discurso oficial del Gobierno es que el ex presidente de la Generalitat de Cataluña debe ser juzgado en nuestro país. Pero ayer, desde los contornos de la coalición, una voz autorizada lanzó el mensaje de que el Gobierno trabaja en los posibles escenarios que aliviarían el futuro de Puigdemont. Desde Barcelona, el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero fue el encargado de deslizar que el Gobierno está trabajando en una solución para Puigdemont. «Hay gente pensando en esto, tengamos confianza, igual que los indultos han operado bien, tengamos confianza», afirmó al ser preguntado en los micrófonos de Ràdio 4 (la emisora en catalán de RNE) sobre la situación del líder de Junts. «Si dependiera de la voluntad política estrictamente, (el Gobierno) ha demostrado que la tiene con los indultos», añadió de forma algo críptica durante una entrevista promocional de su último libro, ‘No voy a traicionar a Borges’ (Huso).

Al ser preguntado por los efectos políticos de la complicada situación judicial de Puigdemont , el exlíder del PSOE reconoció que hoy nadie se atreve a pronosticar de forma rotunda cómo acabará su caso, pero se mostró confiado en el trabajo discreto que está haciendo el Gobierno con esta carpeta. «Es un factor importante para que este recorrido que va a existir de diálogo y reencuentro vaya más fluido, se acelere y sea más factible», defendió tras reafirmar su apuesta por el « reconocimiento, respeto y paz » en asuntos como el conflicto catalán.

Las palabras del expresidente encajan con otras declaraciones expresadas, casi en paralelo pero en otra emisora catalana, en este caso Catalunya Ràdio, por el ministro de la presidencia, Félix Bolaños. Allí, el también dirigente del PSOE lanzó un mensaje: «La situación procesal de una persona no puede afectar a 7,5 millones de catalanes y a 46 millones de españoles», apuntó tras apuntar que estarían «encantados» de que Junts se sume a la denominada ‘mesa de diálogo’ Gobierno-Generalitat . En el pasado, Zapatero ya adelantó otros escenarios que luego acabarían produciéndose. Es el caso de los indultos a los líderes del 1-O.

Las palabras de Zapatero y Bolaños revelan el peso que, en cualquier caso, sigue teniendo Puigdemont y su situación política en el contexto político catalán. De hecho, el independentismo sigue viviendo muy pendiente del expresidente, que aunque ha perdido foco con respecto a hace unos años, sigue ejerciendo una notable influencia sobre Junts, y también sobre ERC y la CUP. No en vano, los republicanos se afanaron este mes de septiembre en acudir a arropar al exalcalde de Gerona cuando este fue detenido en Cerdeña (Italia). Incluso Pere Aragonès, quien tardó casi un mes en visitar en Waterloo (Bélgica) al expresidente tras ser investido, se desplazó a l’Alguer pocas horas después de su arresto en el aeropuerto.

Las solución que según Zapatero está «pensando» el Gobierno también encaja con las expectativas del independentismo, consciente del poder de desestabilización que sigue teniendo el líder posconvergente. No en vano, fuentes independentistas consultadas por ABC poco antes de la celebración de la mesa de diálogo del pasado 13 de septiembre no descartaban que el Gobierno acabara ofreciendo a la Generalitat algún tipo de gestión para facilitar el regreso de Puigdemont, una opción que no se dio entonces, pero que ayer Zapatero pareció empezar a tantear.

Desde el Gobierno evitaron ayer hacer ningún tipo de comentario adicional a las palabras de Zapatero. Importantes dirigentes consultados dijeron no estar al tanto de las mismas. Pero en ningún caso se pretendió rectificar al expresidente. Porque en el fondo la interpretación de los hechos es la misma. Su discurso en este punto es claro: Puigdemont tiene que ser juzgado pero eso no es incompatible con la voluntad del Gobierno de persistir en su estrategia de «diálogo» con Cataluña. Y ese proceso, con Puigdemont entre rejas, sería más complicado. Haría que se diluyese el efecto que el Gobierno cree haber conseguido con la concesión de los indultos.

Asumiendo el trance para sus intereses de que sea juzgado –el Gobierno no puede contemplar nada alternativo a ese paso previo–, en La Moncloa se han venido trabajando con dos herramientas encaminadas a aliviar la situación de los condenados . En primer lugar, los indultos. La situación de Puigdemont no obstante es distinta porque es un fugado que ha persistido en su pulso al Estado. Pero la argumentación que el Gobierno hizo para conceder la gracia a los condenados abundaba en el «interés público». Y aduciendo que el respaldo electoral de las fuerzas políticas a las que representaban era un argumento de peso. En el caso de Puigdemont, evidentemente, esa misma argumentación se mantendrá.

Pero para que haya indultos tiene que haber condena. Y eso en el caso de Puigdemont todavía es un escenario muy incierto. Y desde luego en el que no se pueden establecer calendarios. La segunda baza en la que el Gobierno ha trabajado es la reforma en el Código Penal del delito de sedición . En 2019 el Gobierno lo incluyó en el plan normativo de 2020. Pero la reforma se guardó en un cajón. Y no se ha incluido en el plan normativo del próximo año. En el Gobierno siempre han achacado haber postergado la medida a la falta de voluntad de ERC y Junts, que no quieren entrar en un debate sobre la rebaja en las penas del delito de sedición. Ya que defienden su supresión.

Si en Junts la posición sobre el futuro de Puigdemont es inflexible, más oscilante es su papel en asuntos como la negociación de los Presupuestos del Estado o su participación en la mesa de diálogo. Pero tras este giro en cierto modo a favor de la política posibilista -ejemplificado también en una última votación en el Parlament junto al PSC a favor de la ampliación del Aeropuerto -, en Junts se trató ayer de reequilibrar la balanza tirando de un clásico, como es el de la figura del mediador asociado a la mesa de diálogo. Fue una de las voces más duras de Junts, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, quien recuperó la idea de que el foro de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat este supervisado por una figura externa, recordando que así se aprobó en la cámara catalana en la pasada legislatura. Para Borràs, «no aceptar la figura mediador» implica una voluntad de «opacidad y poca voluntad de resolver el conflicto político», añadiendo que la posición de Junts sobre la mesa de diálogo es unánime, y cree que para que pueda tener resultados y ser «algo diferente debe poder estar todo el mundo, todos los que quieran asistir». Lo apuntó Borrràs en relación a la presencia de representantes de Junts en la Mesa, partido que propuso a varios no consejeros para acudir a la misma y motivo por el que el presidente Pere Aragonès decidió vetarlos. Puigdemont recupera ahora el mediador, o relator, una figura que acabó reventando la pasada legislatura.

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