La CUP usará la Diada para impugnar la «mesa de diálogo» Sánchez-Aragonès

Aunque el presidente catalán ya tiene previsto reclamar la amnistía para todos los encausados del ‘procés’, 3.000 según el independentismo, y la celebración de un referéndum acordado sobre la secesión de Cataluña, los sectores más exaltados del soberanismo quieren que el republicano vaya más allá y ponga punto y final a su estrategia de acercamiento al Gobierno de PSOE y Unidas Podemos .

Ese será, a grandes trazos, el asunto que sobrevolará las concentraciones del 11 de septiembre en las calles de Cataluña en una fecha marcada en rojo por el soberanismo desde hace años y que, en los últimos tiempos, ha marcado el devenir de la política catalana. En medio de este contexto, la CUP se unió ayer a esta estrategia de máximos y, aprovechando el anuncio de la marcha que anualmente organiza junto con la denominada izquierda independentista con motivo de la Diada, anunció su voluntad de aprovechar las protestas para «impugnar» por avanzado el encuentro de la mesa Gobierno-Generalitat , cumbre que en esta ocasión tendrá lugar en Cataluña

Los anticapitalistas quieren evitar a toda costa que la reunión Aragonès-Sánchez sea leída como «un intento de pacificar el conflicto independentista», visión que también comparten amplios sectores de Junts per Catalunya. Esta tesis, que teme que la imagen de ambos presidentes reuniéndose amigablemente en la capital catalana tenga un impacto negativo en el relato exterior sobre la «represión» al «procés», también es compartida por dirigentes posconvergentes como Laura Borràs , actual presidenta del Parlamento de Cataluña, que, recientemente, vaticinó el «fracaso» del encuentro y exigió al independentismo que evitara proyectar la sensación de que el conflicto catalán está «encarrilado». «Si se ve que no se avanza y que al final puede acabar siendo un anestesiante del proyecto de liberación nacional, entonces creo que lo detectaremos, los actuales dirigentes de ERC y Junts lo percibirán, y seremos capaces de buscar una alternativa», advirtió en la misma línea el exconsejero y dirigente de Junts Josep Rull esta misma semana en una entrevista con Ep.

El escepticismo acerca de la estrategia de diálogo que propugna ERC acabará siendo la nota que marque la Diada de la CUP, una manifestación de corte ‘antioficial’ que tradicionalmente acaba con la quema de banderas de España y Francia y de fotos del Rey. Esta manifestación, que cuenta con el respaldo activo de los antisistema y de sus organizaciones afines -entre ellas su brazo juvenil (Arran), el sindicato estudiantil SEPC o la entidad Alerta Solidaria que apoya las defensas de los independentistas y CDR procesados- se celebrará en Barcelona y en otras ciudades catalanas como Reus, Gerona o Lérida.

En paralelo ese mismo día tendrá lugar otra manifestación organizada por la Assemblea Nacional Catalana (ANC) , de corte más masivo y familiar, pero en la que previsiblemente también imperará un ambiente hostil para con la estrategia de Esquerra. Desde 2012 dicha cita se ha convertido en el acto central de la Diada independentista gracias a marchas y concentraciones que en sus años de más apogeo llegaron a congregar hasta un millón de personas en Barcelona. En esta ocasión, las expectativas de asistencia son bastante más modestas, y en lugar de llenar grandes avenidas de la Ciudad Condal como la Gran Vía o la Diagonal, la manifestación transcurrirá por el centro de la capital, un recorrido pensado para reivindicar las protestas post-sentencia, que en 2019 marcaron el punto de máxima excitación del independentismo y llenaron el centro de Barcelona de barricadas y disturbios las conocerse las condenas a los responsables del 1-O juzgados en el Tribunal Supremo.

Aunque la marcha convocada hoy por la CUP pone claramente en la ‘diana’ a Pere Aragonès y su línea política, las relaciones entre los anticapitalistas y el ejecutivo del republicano vienen dañadas de antes . De hecho, entraron en crisis hace más de una semana, cuando el ejecutivo autonómico dio a conocer por sorpresa un acuerdo con el Gobierno para ampliar el Aeropuerto de Barcelona-El Prat valorado en 1.700 millones de euros. El anuncio, hecho durante la reunión de la Comisón Bilateral Gobierno-Generalitat , cogió por sorpresa a los antisistema y activó una catarata de críticas de sus dirigentes, totalmente contrarios tanto a la ampliación del Prat como a cualquier acercamiento con La Moncloa. «Neoautonomismo», según la jerga de los anticapitalistas.

A ojos de la CUP y del independentismo más radical, los distintos acuerdos alcanzados entre la Generalitat y el Gobierno en los últimos tiempos suponen, de facto, la postergación de cualquier intento de ejecutar la secesión para después de 2030 . No en vano esa es la fecha fijada para terminar la ampliación del aeropuerto. Esto se suma a otros tempos largos también negociados por el Govern y Sánchez, como el reparto de los fondos Next Generation de la Unión Europea para la post-pandemia o la celebración en Barcelona de los juegos olímpicos de invierno de 2030, que la Cataluña organizará con Aragón de la mano del Gobierno y el Comité Olímpico Español. El alejamiento de la CUP puede complicar la estabilidad de Aragonès, que depende de los antisistema para su estabilidad en el día a día del Parlamento catalán.