El presidente del Parlament, Roger Torrent, en la mesa
El presidente del Parlament, Roger Torrent, en la mesa - INÉS BAUCELLS

ERC tumba la iniciativa popular que exigía una DUI como en 2017

El veto evidencia la falta de consistencia de Forcadell ante el Tribunal Supremo

BarcelonaActualizado:

Vuelve la guerra soterrada entre ERC y JpC por la inadmisión, ayer, por parte de la Mesa del Parlamento de Cataluña de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que proponía una nueva declaración unilateral de independencia (DUI) como las de 2017. Los dos representantes de ERC en la Mesa (de siete miembros), incluido el presidente parlamentario, Roger Torrent, se abstuvieron en la votación de este martes dejando solos a los dos diputados de JpC, que votaron a favor de la tramitación de la ILP, por lo que se impuso el criterio de los tres miembros de Cs y el PSC, que votaron en contra.

De esta manera, el órgano rector del Parlamento de Cataluña vetó la tramitación de una ILP que proponía prácticamente el mismo texto que se leyó en el auditorio parlamentario el 10 de octubre de 2017, solo unos minutos después de que se diera por válido el referéndum ilegal del 1-O, y fue suscrito por todos y cada uno de los diputados que, entonces, formaban parte de Junts pel Sí y la CUP, incluido Torrent.

ERC se agarra ahora al informe de los letrados sobre esta ILP –texto preceptivo pero no vinculante y a cuyos autores no se les tuvo en cuenta en los hechos de 2017– que señala que la propuesta popular no cumple con los requisitos de la ley autonómica de las ILP (2006), que circunscribe estas iniciativas a aspectos para los que la Cámara legislativa catalana tenga competencias o no afecten a las cuentas de la Generalitat. La solicitud de la iniciativa popular «no cumple las condiciones» que establece la ley de 2006, recuerdan los letrados en el informe, al que tuvo acceso ABC.

Objetivo de JpC: Torrent

Sergi Sabrià (ERC), en rueda de prensa, incidió en que el texto de la ILP presentado por un grupo de personas al margen de los partidos y las entidades independentistas mayoritarias, agrupados bajo el nombre de Unitat per la Independència, «no sirve para poder declarar la independencia»; y valoró la iniciativa y el voto de JpC como «gestos de cara a la galería».

Por su parte, Josep Costa (JpC), vicepresidente primero de la Mesa, se mostró, también en una comparecencia ante la prensa, favorable a la tramitación de la iniciativa, señaló que, en su opinión, la citada ley autonómica que regula las ILP es «ambigua» y que, en cualquier caso, el Parlamento de Cataluña se debe mover «en la premisa de que se tiene que poder debatir y votar todo».

Al margen de las declaraciones públicas de JpC y ERC, que fueron más fuegos de artificios que críticas reales, fuentes oficiales de JpC aseguraron tras la votación que no entendían la posición de ERC, mientras que desde esta formación, además de insistir en los formalismos, se defendían indicando que no se opondrían a una propuesta legislativa con el mismo fondo (es decir, que proclamase la independencia unilateral), pero siempre que la presentase un grupo parlamentario.

En cualquier caso, el trasfondo de la votación de ayer en la Mesa parlamentaria aflora una doble cuestión. Por un lado, la insistencia de JpC de poner en aprietos legales a Torrent desde el día que este acató el mandato judicial impidiendo la investidura de Carles Puigdemont sin que este estuviera presente en el hemiciclo. Una jugada política de la que es consciente el propio Torrent.

Y, por el otro, la evidencia de que la Mesa puede frenar iniciativas legislativas cuando considere que el fondo de la cuestión no se ajusta a la legalidad constitucional, contradiciendo así uno de los argumentos nucleares de la defensa de la expresidenta del Parlamento de Cataluña y que está siendo juzgada por el Tribunal Supremo, Carme Forcadell.

Tres sentencias del TC

Durante la fase testifical del juicio en el Supremo, José María Espejo-Saavedra (Cs) y David Pérez (PSC), los dos miembros de la Mesa que se opusieron a la tramitación de las normas que justificaron los hechos de septiembre y octubre de 2017, recordaron que la Mesa tiene la capacidad y las herramientas para frenar iniciativas legislativas, sean populares, del gobierno o de los partidos, que no se ajusten a la legalidad.

Una posición que respaldaron el secretario general, Xavier Muro, y el entonces letrado mayor, Antoni Bayona, ante el Supremo; y que el Tribunal Constitucional (TC) recoge en, al menos, tres sentencias de 1995 y 2016.

La decisión de tumbar esta ILP, han avanzado a ABC fuentes parlamentarias, se ha producido gracias a la división del voto secesionista en la Mesa, ya que los dos representantes de ERC, incluido el presidente parlamentario, Roger Torrent, se han abstenido, por lo que los dos votos a favor de tramitar la iniciativa de JpC han sido insuficientes frente a los tres votos en contra de Cs y PSC.

De esta manera, la Mesa del Parlamento de Cataluña ha tumbado una propuesta legislativa entrando en el fondo de la cuestión y no solo en la forma, que es uno de los argumentos esgrimidos por las defensas de los líderes del «procés» en el juicio ante el Tribunal Supremo, sobre todo por los letrados de Carme Forcadell, ex presidenta parlamentaria, para señalar que no se puede privar a los diputados de un debate y votación de cualquier asunto.

La decisión de hoy, además, ha contado un informe de los letrados, que han advertido de la posible ilegalidad en caso de tramitar una ILP que rebasa las competencias autonómicas.