El TSJC envía a Torra a juicio por su desafío de lazos y esteladas

En un auto hecho público este viernes, el magistrado Carlos Ramos ha dado traslado de los escritos de acusación a la defensa del «president» para que presente las pruebas que crea convenientes de cara al juicio, todavía sin fecha. Lo sentará en el banquillo por un presunto delito de desobediencia y, subsidiariamente, uno de denegación de auxilio.

La Fiscalía reclama una pena de un año y ocho meses de inhabilitación para Torra y una multa de 30.000 euros por desatender la orden de la Junta Electoral Central (JEC) y mantener los símbolos partidistas en los edificios públicos dependientes de la Generalitat. Ni Fiscalía ni la acusación popular han pedido ninguna medida cautelar contra Torra antes del juicio, según el juez, que subraya la «razonabilidad y contundencia» de los planteamientos acusatorios en esta causa.

El fiscal superior catalán, Francisco Bañeres, acusa a Torra de haber hecho oídos sordos a las órdenes que entre marzo y abril le dio la JEC de descolgar lazos amarillos y esteladas de edificios públicos –especialmente del Palau de la Generalitat– para no comprometer la neutralidad de las instituciones en periodo electoral.

Según el fiscal, Torra «debía proceder sin excusa ni pretexto a su estricto cumplimiento», pero no lo hizo, con el desacato continuo a las resoluciones que la junta emitió esas semanas. Torra desatendió sucesivas órdenes de la JEC, que le advertía de las posibles consecuencias penales de su desafío. Aunque las resoluciones eran firmes, el presidente continuó presentando recursos, justificando en uno de ellos su imposibilidad de cumplir la orden porque los edificios de la Generalitat eran «multitud».

También alegó que estaba esperando un pronunciamiento del Síndic de Greuges –Defensor del Pueblo en Cataluña–, pese a que no tiene competencias en esta materia. Además, Torra engañó también entonces a la ciudadanía , pues dijo que esperaba ese informe, cuando en realidad ya sabía lo que el Síndic iba a resolver.

Cuando declaró ante el TSJC como investigado hace unas semanas, Torra presumió de haber desobedecido las órdenes de la JEC con excusas grandilocuentes sobre «libertad de expresión» y «derechos humanos». Pero en la misma declaración, preguntado por su abogado, intentó matizar que a lo que se refería era a una desobediencia en términos «coloquiales» y no «jurídicos».

La resolución del TSJC de este viernes, que sentará a Torra en el banquillo, llega un día después de que el mismo magistrado reprochase al expresidente su intento de retrasar el juicio poniendo sobre la mesa argumentos «imaginarios, ilusorios, arbitrarios» y hasta «inventados» .

El abogado del presidente, Gonzalo Boye, intentó apartar al magistrado porque, según él, había emitido una resolución «claramente prejuzgadora» con manifestaciones «de evidente culpabilidad» que atentarían contra su presunción de inocencia. Parecía, en palabras del abogado, que el juez tuviese un «especial» interés en sentar a Torra en el banquillo.

El juez acusó entonces al abogado de incurrido en un «fraude procesal» con argumentos infundados, pues en dicho auto, le recordaba el magistrado, en todo momento se utilizaba adverbios como «indiciariamente, provisionalmente y presuntamente». Solo alguien que hiciera una lectura «apresurada, desenfocada o interesada» podría no ver tales adverbios y entender el relato una declaración de culpabilidad, le afeó el juez.