Una trama convergente atascada en el juzgado

El 14 de febrero de 2013 agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera se personaban en el Consejo Comarcal de La Selva para detener a Fauria y a uno de sus cargos de confianza en la institución, Joan Carles F. Arrestaban también a Alexandre R. y Josep Maria F., socios de GRS ARC Local, una consultoría de Lloret de Mar que asesoraba a administraciones locales en materia tributaria. Otros supuestos implicados acabaron también imputados, hasta alcanzar la cuarentena.

El Consejo de La Selva –que engloba 26 municipios– había delegado a esa empresa, quince años antes, la gestión de algunas tasas. Pero unos pinchazos destaparon una «trama de servicios y contraprestaciones encubiertas» entre altos cargos del consejo y de la mercantil, según definía el Juzgado de Instrucción 1 de Lugo en un auto. GRS ARC Local ganaba «sistemáticamente» todos los concursos de servicios de asistencia y asesoramiento tributario y catastral del consejo comarcal.

Luego, esta mercantil amplió su cartera a otros ayuntamientos y diputaciones españolas –ahí su conexión con la red Pokémon– pero el Consejo de La Selva siguió siendo su principal cliente. Esa relación que iba «más allá de la afinidad o simpatía » –todos los entrecomillados son de disposiciones judiciales– derivó en un serial de «contraprestaciones encubiertas». Un catálogo de corruptelas –enchufes, adjudicaciones a dedo, financiación ilegal, falsificación de facturas de CiU y otras actuaciones al margen de la ley– maquinadas entre altos cargos del Consejo y la empresa perennemente contratada.

Habrían adjudicado a GRS ARC Local contratos tras facilitarle «información privilegiada». En ocasiones, la mercantil incluso participaba en la elaboración de las cláusulas del concurso, proponiendo a otras empresas como comparsas para disimular el fraude. Alexandre R. también habría aceptado abonar a Fauria –a través de una empresa pantalla– un talón para sufragar panfletos convergentes, y contratar a un militante para su empresa .

Según los investigadores, Fauria se comprometió a desviar fondos del consejo o de San Hilario para pagar la nómina de ese nuevo empleado de GRS ARC Local con « facturas infladas ». También se habría convocado otra plaza para la esposa de un directivo de la empresa. Son algunas de las supuestas prácticas corruptas, con epicentro en el consejo comarcal, detectadas por la Agencia Tributaria, y que, más de siete años después, adormecen en el juzgado, sumando una cuarentena de imputados.

Tras aquellos arrestos que sobresaltaron a la comarca, tanto el Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo –que había iniciado las pesquisas en abril de 2011–, como el Juzgado de Instrucción 3 de Santa Coloma de Farners –en principio competente por su localización– intentaron evitar hacerse cargo de la investigación de la rama catalana de Pokémon.

En 2014 el juzgado gallego se inhibió en favor del catalán al considerar que por ubicación era el competente, pero este también lo rechazó alegando que la supuesta actividad delictiva de GRS ARC Local se había extendido a otras regiones. Ante este escenario, la entonces titular del juzgado de Lugo, Pilar de Lara –a posteriori apartada del juzgado por dilaciones indebidas en varias causas que instruía–, envió las diligencias a los juzgados centrales de Madrid para que decidiesen a quién correspondía la instrucción. El Supremo acabaría dictando que el juzgado gallego asumiese el grueso de la causa y que el catalán abriese una pieza específica sobre las corruptelas de La Selva. De esa resolución hace ya dos años –el auto es de noviembre de 2018– y desde entonces, poco o nada se ha avanzado.

La causa sigue sobre la mesa del Juzgado de Instrucción 3 de Santa Coloma de Farners, que en los últimos tiempos ha sufrido un continuo movimiento de jueces sustitutos. Este diario en estos dos años ha cursado al juzgado –a través del gabinete de prensa del TSJC– media docena de peticiones de información sobre el curso de la instrucción, que no han tenido respuesta alguna, tampoco de la Fiscalía. La justicia ha hecho caso omiso a las súplicas de Fauria que, convencido o con la boca pequeña, reclamó celeridad para demostrar su inocencia. Para la sentencia del caso Palau, icono de la corrupción convergente, hubo que esperar más de una década. Manga por hombro, la rama catalana de Pokémon tardará todavía más..