Francesc Homs y Artur Mas en un acto de partido
Francesc Homs y Artur Mas en un acto de partido - EFE

Torra sitúa a Homs y Mundó como asesores jurídicos de la Generalitat

Los exconsejeros formarán parte de la Comisión Jurídica Asesora, cuyos miembros reciben retribuciones por asistir a las reuniones y firmar dictámenes consultivos

BarcelonaActualizado:

El gobierno catalán ha situado a los exconsejeros autonómicos Francesc Homs (PDECat) y Carles Mundó (ERC) en la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat de Cataluña. Así lo ha aprobado el ejecutivo autonómico en su reunión de este martes y lo ha anunciado su portavoz, Elsa Artadi.

La Comisión Jurídica Asesora autonómica está formada por 15 miembros (trece, más dos natos: el director del Gabinete Jurídico de la Generalitat, Francesc Esteve; y el director del Instituto de Estudios del Autogobierno, Carles Viver i Pi-Sunyer) y es un órgano encargado de velar por la legalidad de la actuación de la Administración de la Generalitat y de los entes locales.

Tanto Homs como Mundó, de formación profesional jurídica, han sido protagonistas en los últimos años del pulso que el independentismo ha planteado al Estado de Derecho y al Gobierno de España. En este sentido, Homs tuvo que dejar el escaño en el Congreso tras ser condenado por el Tribunal Supremo después de organizar (cuando formaba parte de la Generalitat) la consulta ilegal del 9-N de 2014. Su condena en marzo de 2017 le impidió ocupar un cargo público durante año y un mes.

El exconsejero Carles Mundó
El exconsejero Carles Mundó - EFE

«No es ningún premio»

Por su parte, Mundó está inmerso en el proceso judicial abierto en el Tribunal Supremo contra los líderes independentistas que intentaron subvertir el orden constitucional en otoño del año pasado. Mundó está acusado por un delito de desobediencia. Sin embargo, según Artadi, «no es ningún premio estar procesado o inhabilitado por los tribunales españoles» para ocupar la plaza de miembro de la Comisión Jurídica Asesora.

Los miembros de esta comisión no tienen una retribución fija y, según la ley que regula este organismo, aprobada en 2005, reciben dietas por asistir a ls reuniones y por los dictámenes que firman, unas dietas que establece el propio gobierno catalán.