Torra convierte su juicio en un alegato político: «Sí, desobedecí»

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«No cumplí la orden de la JEC. Sí, la desobedecí. Era imposible cumplir una orden ilegal, de un órgano que no tenía la competencia para ello . Mi obligación era velar por las libertades de los catalanes», ha defendido Torra, a preguntas de su abogado en un juicio ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que ha tratado de llevar en todo momento al terreno político.

En una declaración de una media hora, en la que ha rechazado contestar a las preguntas de la Fiscalía y de la acusación popular que representa Vox, Torra, que se enfrenta a una inhabilitación de hasta dos años por desobediencia, ha justificado su negativa a retirar una simbología que en absoluto él cree que sea partidista: « Era un acto de censura, y no estaba dispuesto a permitirlo ».

Torra se ha otorgado el «derecho de hablar en nombre de todo el pueblo catalán» porque entiende que reclamación de libertad para los líderes independentistas condenados por el «procés» va «más allá» de los partidos secesionistas.

«El lazo amarillo no es propaganda, va más allá de los partidos, y vela por un deseo de justicia», ha defendido el presidente de la Generalitat, que sobre las esteladas ha dicho que es un «símbolo de libertad».

Más allá de estas declaraciones eminentemente políticas, Torra también ha intentado defenderse atacando a la Junta Electoral Central (JEC), órgano al que desobedeció al negarse a retirar la simbología partidista durante el periodo electoral.

A preguntas de su abogado Gonzalo Boye, Torra ha señalado que «la Junta Electoral no es un órgano jerárquicamente superior a la Generalitat». El presidente de la Generalitat se ha centrado en cuestionar la imparcialidad de los miembros de la JEC . Sobre uno de sus miembros, recuerda su participación en manifestaciones en contra del expresidente Carles Puigdemont . De otro, recordó sus «tuits y retuits» en contra del proceso separatista. En eso basa la querella que presentó contra los miembros de la JEC.

Tras la declaración de Torra, estaba prevista una sucesión de testificales que finalmente se han reducido ostensiblemente al haber renunciado las partes a sus comparecencias. La lista de agentes de los Mossos d'Esquadra se ha reducido al mínimo, destacando la declaración de Miquel Esquius , entonces jefe de la Policía catalana, que ha confirmado al tribunal haber recibido la orden de mandar al presidente de la Generalitat la retirada de los símbolos partidistas.

Las partes también han renunciado a las declaraciones de políticos citados para la tarde de este lunes, entre ellos el consejero de Interior de la Generalitat, Miquel Buch -que, de todas formas, se había excusado alegando motivos médicos-; la exportavoz del Govern, Elsa Artadi ; la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera y Carlos Carrizosa (Ciudadanos).

En sus conclusiones, la Fiscalía ha optado por mantener la petición de 20 meses de inhabilitación para el presidente de la Generalitat por desobedecer la orden de la Junta Electoral Central.

El juicio se reemprenderá esta tarde, con la presentación de informes de las partes y la última palabra del presidente de la Generalitat, que ya ha avanzado que hará uso de este derecho para continuar su alegato político. Por la tarde, el juicio quedará visto para sentencia.

Torra se sienta en el banquillo por desobedecer la orden de la Junta Electoral de retirar lazos amarillos de los edificios públicos durante la pasada campaña de las elecciones del 28 de abril. Su desafío puede costarle hasta dos años de inhabilitación, que podría apartarle de la Generalitat en cuanto la sentencia sea firme.

El presidente de la Generalitat amagó con no acudir al juicio, que en todo caso se celebraría igual sin su presencia, pero finalmente sí que se ha presentado ante el tribunal. A la puerta lo esperaban unos 300 manifestantes para mostrarle su apoyo. En todo caso, muy inferior en número comparado con los miles de personas que le acompañaron al expresidente Artur Mas, cuando se sentó en el banquillo por la consulta ilegal secesionista del 9 de noviebre de 2014.

Y es que Torra es el tercer presidente de la Generalitat consecutivo investigado por su papel en el proceso independentista, después del mencionado Artur Mas y el fugado Carles Puigdemont, quien comparte abogado con Torra: Gonzalo Boye. También está siendo investigado el expresidente Jordi Pujol, pero en su caso por corrupción.

La Fiscalía pide un año y ocho meses de inhabilitación para el presidente de la Generalitat para cualquier cargo público de ámbito local, autonómico, estatal o europeo y multa de 30.000 euros, una condena que Vox, acusación popular en la causa, eleva hasta los dos años de cárcel y una sanción de 72.000 euros.

Aunque el TSJC condene al presidente catalán por desobediencia Torra no sería apartado del Govern hasta que el Tribunal Supremo no la ratificara.