El testamento del pujolismo se escribirá en el banquillo

Hay más, pero son cuatro los grandes procesos penales en los que, además de juzgar a personas y conductas concretas, sentarán –o han sentado ya– en el banquillo a una forma de entender Cataluña, el poder y también la impunidad. El nonagenario Jordi Pujol Soley –si su salud lo permite– acabará siendo juzgado en la Audiencia Nacional, junto a sus siete vástagos, por haber multiplicado, supuestamente de forma ilegal, un patrimonio ya de por si millonario, de origen desconocido y mantenido oculto al fisco –y a los catalanes– durante décadas en Andorra. Por otra parte, el hijo del 'expresident' que estaba llamado a sucederle a los mandos de la Generalitat, el delfín frustrado Oriol Pujol, fue condenado a dos años y medio de cárcel por cobrar comisiones a cambio de su influencia política para favorecer a empresarios amigos del sector de las ITV. Ha sido la primera condena contra un miembro del clan.

El apellido Pujol no aparece en las listas de condenados o investigados de las dos grandes causas judiciales contra Convergència. Ni en el caso Palau de la Música, institución de la que se valió la formación política utilizándola como cañería para camuflar el cobro de mordidas a la constructora Ferrovial a cambio de concesiones de obras públicas. Ni en el caso 3%, que todavía se instruye en la Audiencia Nacional, y en el que, aunque sin el parapeto de la institución cultural, supuestamente se reproducía una mecánica similar, pero a mayor escala y con varias empresas. Jordi Pujol presidía la Generalitat y también Convergència (1989-2012) cuando el partido comenzó a financiarse ilegalmente a través del Palau (2000-2009). El caso 3% –que debe su nombre al porcentaje de las supuestas mordidas– es posterior, de cuando la Generalitat y el partido estaban en manos de su sucesor, Artur Mas.

Cuatro causas distintas, pero con al menos dos patrones que se repiten: el uso de las instituciones públicas catalanas para el enriquecimiento personal o la financiación ilegal del partido, y la connivencia de empresarios que para ganarse los favores de los Pujol y de Convergència no tuvieron reparos en agasajarles millonariamente por la puerta de atrás. Y otro elemento común en los cuatro procedimientos judiciales, al menos en sus inicios: el uso torticero de la bandera catalana, asegurando ser víctimas de una persecución ideológica por el solo hecho de ser nacionalistas.

El juicio todavía no tiene fecha, pero la Audiencia Nacional acabará sentado en el banquillo al clan Pujol casi al completo. Las pesquisas se dirigían contra Jordi Pujol, su esposa, Marta Ferrusola, y sus siete vástagos, pero la acusada demencia de la esposa del 'expresident' le impedirá rendir cuentas ante la Justicia. Los Pujol escondieron en Andorra una fortuna millonaria, que, según la versión que el 'expresident' ofreció en un famoso comunicado en julio de 2014 sin aportar prueba alguna, tenía su origen en un legado que su padre, Florenci Pujol, había dejado a la familia. Luego consiguieron mutiplicar ese dinero como panes y peces. Según la familia, habrían amasado su fortuna gracias a brillantísimas operaciones financieras. La Fiscalía, en cambio, que reclama nueve años de cárcel para el 'expresident' y 29 para su primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, no se cree una palabra. Considera que el clan se aprovechó de su posición de poder para enriquecerse a costa de una red clientelar de empresarios afines.

Mientras en las tramas protagonizadas por los Pujol –la familiar y la de las ITV– el objetivo era el simple enriquecimiento personal, en las de Convergència lo era la financiación ilegal del partido, llenar la caja por la puerta de atrás. En el caso Palau, el ya octogenario extesorero de la formación Daniel Osàcar pagó los platos rotos con tres años y medio de cárcel. Convergència le secundó al principio –Oriol Pujol y Jordi Turull le arroparon en los juzgados–, pero ya en el juicio, con las cartas echadas y la confesión del expresidente del Palau Fèlix Millet sobre la mesa –reconoció las mordidas de Convergència–, el partido abandonó a su suerte al viejo tesorero. Con la coartada de que Convergència se había refundado en el PDECat, se desentendieron del desenlace del caso.

Pero Osàcar, el único cargo convergente condenado hasta ahora por la financiación ilegal del partido, puede ser, precisamente, una pieza clave para las acusaciones en el caso 3%, por el que el extesorero también está imputado. Osàcar, que ahora ha cambiado de abogado –su anterior letrado, Javier Melero, lo era también de Convergència– ya dejó entrever en su primera comparecencia judicial por esta causa que esta vez no estaba dispuesto a asumir todas la responsabilidades. Disparó por elevación, y apuntó al exconsejero de Justicia de la Generalitat Germà Gordó como responsable de un supuesto sistema de blanqueo ('pitufeo') que practicaba el partido. Y Osàcar dijo algo más relevante al juez: si Gordó despachaba casi a diario con Artur Mas, presidente del partido, lo lógico sería que el 'expresident' conociese esas maniobras. Pero la Fiscalía no ve, al menos por ahora, indicios para imputar a Mas. Sí que están siendo investigados Gordó, Osàcar y el también extesorero convergente Andreu Viloca, entre otros.

De momento, irremediablemente, el pujolismo y su herencia seguirán escribiéndose desde las crónicas de tribunales. Solo cuando concluyan los procesos judiciales, y para eso falta mucho tiempo, los historiadores y politólogos podrán poner en su sitio la obra del 'expresident', con sus luces y sus sombras. Y medir también qué responsabilidad tiene el pujolismo en haber abonado los cimientos sobre los que luego sus sucesores, Artur Mas y Carles Puigdemont, levantaron el proceso separatista. Pero mientras los expedientes judiciales sobre el clan y Convergència sigan abiertos, como respondía Pujol a la prensa cuando una pregunta incisiva le importunaba, «eso no toca».