Temor a que la acción del Gobierno erosione al Supremo ante Europa

Es probable, aunque no seguro –cree la judicatura española– que los jueces del TEDH se lean la sentencia del Supremo, pero lo que seguro que leerán son los resúmenes de prensa de cada día, y en ellos verán cómo el Gobierno asume todos y cada uno de los ataques de los independentistas a la Justicia , y los convierten en propios a través de los indultos y de la reforma del Código Penal para el delito de sedición, por hallar excesivo su castigo. En este contexto es muy difícil que los magistrados no fallen en favor, ya no de los independentistas, sino del propio sentir del Gobierno de España.

Rebajar las penas por el delito de rebelión, que de 6 a 10 años quedarían de 3 a 6, permitirían a Carles Puigdemont regresar inmediatamente a España para ponerse a disposición del juez Llarena, que dada la rebaja de la pena, y que Puigdemont comparece voluntariamente, lo tendría muy difícil para dictar prisión preventiva. Sobre la malversación , bastaría que el expresidente se presentara con un cheque de unos cinco millones de euros (4,2 es la cifra por la que se le acusa, más un pico para las costas) para que la reparación del daño fuera un atenuante prácticamente definitivo. Aunque finalmente la sentencia fuera condenatoria, Puigdemont habría podido vivir el juicio en libertad, y no es razonable pensar que si los demás condenados del ‘procés’ habrán para aquel entonces sido indultados, el expresidente no iría a beneficiarse igualmente de la medida de gracia.

La Justicia española está siendo anulada por elevación con los mensajes de fuerte carga política con que el Gobierno intenta eliminar la separación de poderes para imponer su agenda política y fortalecer de este modo sus alianzas parlamentarias con vistas a la aprobación de los Presupuestos. Pero a más largo plazo, estas complicidades tanto con Esquerra como con Junts, además de las ya tejidas con el PNV y EH Bildu, tienen que ver con la estrategia del jefe del Gabinete de la Presidencia, Iván Redondo, y de Pedro Sánchez, de ganar las elecciones generales de 2023 «con toda la periferia y contra Madrid» . Tanto su asesor como el presidente, asumen que son dos de los personajes más odiados en Madrid, pero que este odio, y el enfrentamiento a su presidenta, Isabel Díaz Ayuso , dan cuantiosos réditos en comunidades como País Vasco, Andalucía o Cataluña. Las calculadas declaraciones de Pedro Sánchez sobre los indultos, sobre la venganza o sobre la reforma del Código Penal tienen el último objetivo de asegurar esta aritmética parlamentaria, imprescindible para la continuidad del actual Gobierno.