Societat Civil y el grupo de periodistas Pi i Margall denuncian «chantaje» de la Generalitat a los medios

En un comunicado, recogido por Efe, Societat Civil Catalana ha rechazado de forma «tajante» la moción, que a su juicio es «una muestra clara del chantaje al que continúa sometiendo el ejecutivo catalán a los medios de comunicación», además de que es una decisión «más propia de un régimen totalitario que de un sistema democrático».

Para la entidad cívica, el gobierno autonómico «únicamente está dispuesto a ayudar a aquellos cuya línea editorial coincida con la suya, con la clara finalidad de influir a la opinión pública y acabar imponiendo su ideología».

«El dinero que utiliza la Generalitat para subvencionar a la prensa es público, y por tanto, de todos los contribuyentes y que la mayoría de ellos no son secesionistas», ha recordado SCC, por lo que ha reclamado que en el caso de que el gobierno autonómico quiera destinar una partida de los presupuestos a la subvención de medios, «lo debería hacer sin tener en cuenta la ideología de cada uno».

Por su parte, el Grup de Periodistes Pi i Margall ha difundido un comunicado, que cuenta con el respaldo de la FAPE, en el que avisa de que la moción «es un ataque a la libertad de expresión y un abuso en el uso del dinero público».

«Los presupuestos de las administraciones públicas no pueden servir para presionar y chantajear a los periodistas para que estos acepten o no ciertos contenidos informativos, en este caso de tipo publicitario», añade el grupo de periodistas.

«Cada medio de comunicación es libre de defender el ideario que desee, siempre que se inserte dentro del respeto a las leyes, y no se les puede obligar a aceptar publicidad bajo la presión de no recibir unos fondos públicos que no son propiedad de la Generalitat, sino de todos los ciudadanos», incide el texto del comunicado.

Para esta entidad, «los partidos secesionistas han convertido los medios públicos en Cataluña en puras herramientas de propaganda y ahora pretenden hacer lo mismo con aquellos que han decidido no dar cancha a la difusión de una consulta a todas luces ilegal».

Es por ello que ha exigido a la Generalitat que «deje de utilizar el dinero público de todos los ciudadanos para presionar a los medios de comunicación y que respete la pluralidad de las líneas editoriales en los distintos medios de información».