Societat Civil Catalana denuncia el deterioro democrático en Cataluña

El informe presentado ayer es una puesta al día del que ya se presentó en 2015, año a partir del cual, como apuntó Rafael Arenas, «la situación se ha agravado». Con ejemplos concretos, el informe se centra en denunciar las agresiones a la libertad ideológica, la participación política, la transparencia de las administraciones, el derecho a una información plural en los medios públicos, el derecho a la educación en un contexto de escuela plural y neutral, la seguridad jurídica, la tutela judicial efectiva y el derecho a la intimidad.

Los ejemplos son variados, empezando por la asunción por parte de las administraciones y corporaciones, como algo oficial y propio, del discurso secesionista, lo que se traduce de manera visible en la colocación de «esteladas» en edficios públicos. Otro ámbito sensible es el de la educación, recordó SCC, donde la "injerencia nacionalista" se traduce en los libros de texto y el funcionamiento ordinario de los centros. El sesgo secesionista de los medios públicos de la Generalitat es otro de los aspectos denunciados, como también, y de manera muy acusada desde hace meses, la «perversión de la dinámica parlamentaria». En este último campo se señala por ejemplo el veto independentista a todas las comparecencias en la comisión del caso Vidal, lo que a la práctica ha llevado a su bloqueo.

Sobre esta base, Rafael Arenas reclamó por ejemplo que el Defensor del Pueblo pueda actuar en Cataluña con plenitud de competencias, al constatar que su homólogo catalán, el Síndic de Greuges, es un «instrumento del nacionalismo» que no actúa de acuerdo con el interés general.

La intervención de SCC en el Congreso fue recibida con hostilidad por parte de los grupos del PDECat y ERC, que trataron de vincular a la entidad con la extrema derecha.