Sociedad Civil califica de «golpe de Estado» la ley de desconexión pactada por Junts Pel Sí y la CUP
La entidad asegura que el proceso entra en fase de locura «por el delirio de algunos dirigentes políticos»
ABC. ES
Sociedad Civil Catalana (SCC) ha calificado hoy de «grave irresponsabilidad» la tramitación de la denominada «ley de transitoriedad», pactada entre Junts pel Sí y la CUP y la ha calificado de «golpe de Estado» destinado a alterar el ordenamiento constitucional vigente.
«Es ... evidente que el acuerdo es la explicitación de un golpe de Estado, en el sentido de que su objetivo es sustituir el ordenamiento constitucional vigente por una nueva autoridad que trata de imponerse por la vía de hecho, mediante la apropiación de las instituciones que integran nuestro régimen de autogobierno», ha asegurado la entidad en un comunicado en el que llama a evitar la «confrontación» en Cataluña en una fase política que ha tildado de «locura».
De este modo, SCC ha condenado «enérgicamente» el acuerdo al que han llegado JxSí y la CUP con el fin de tramitar en el Parlament la denominada «ley de transitoriedad», un acuerdo político global sobre la ley que debe amparar el referéndum independentista en 2017 y permitir desconectar la «República» catalana del marco legal español.
Para SCC, el Parlamento catalán «no debe tramitar la ley acordada por JxSí y la CUP porque lo que se pretende es una instrumentalización inadmisible de un órgano que ha de representar a todos los catalanes» y, por el contrario, «actuar siempre dentro del marco constitucional y estatutario».
«Buscar la confrontación de la Cámara catalana con el ordenamiento constitucional es una irresponsabilidad gravísima que no puede ser admitida», ha añadido la plataforma contraria a la independencia.
Según SCC, el acuerdo entre JxSí y la CUP «lleva al límite la tolerancia del ordenamiento español, extraordinariamente respetuoso con la libertad de actuación de los partidos políticos», un acuerdo que es "profundamente antidemocrático en la medida que implica la voluntad de poner fin a la vigencia de la Constitución y trata de sustraer de la soberanía nacional una parte del territorio español".
«A la vista de que el proceso entra en fase de locura por el delirio de algunos dirigentes políticos, nos vemos obligados a alertar sobre las consecuencias legales, penales o administrativas que tendrá el enorme desafío planteado por los partidos separatistas», concluye la entidad.
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