Sindicatos de Mossos alegan que la Constitución no se defiende agrediendo a ciudadanos

La Fepol, en la que está integrado el SAP, el sindicato mayoritario de los Mossos d'Esquadra, ha replicado así al comunicado conjunto de los cinco sindicatos de la Policía Nacional -SUP, CEP, UFP, SPP y ASP-, que han anunciado acciones legales contra el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, por su «escandalosa» actuación y «vergonzosa ligereza» para impedir la celebración del referéndum, suspendido por el Tribunal Constitucional.

En un comunicado, la Fepol ve «injustas» las acusaciones de los cinco sindicatos policiales ya que entiende que en la jornada del 1-O se escribió un «lastimoso episodio» en el que se puso en riesgo la cohesión social en Cataluña «por la instrumentalización descarada de las cúpulas policiales de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, por parte del Gobierno de Mariano Rajoy y del PP».

«Consideramos vergonzosa la politización, instrumentalización y la clara extralimitación en sus funciones de la cúpula de la Guardia Civil y de la Policía Nacional», denuncia la Fepol, que cree que ayer se generó «de forma innecesaria» una actuación de orden público «sobre población civil desarmada que pretendía llevar a cabo un acto de expresión y normalización jurídicamente atípico, no constitutivo de ningún delito».

La Fepol, integrada por el SAP, el SEIME (sindicato de mandos intermedios), AFITCME (técnicos de los Mossos), SAP-PL (policías locales) y SICME (mandos), lamenta también que a los Mossos d'Esquadra no se le dieron ayer «ni tan solo cinco minutos» para poder cumplir con la orden judicial de impedir el referéndum.

En este sentido, sostiene que en localidades como Sant Julià de Ramis (Girona), donde tenía previsto votar el presidente catalán, Carles Puigdemont, la Guardia Civil actuó antes que los Mossos le reclamaran ayuda.

Además, denuncia que las órdenes recibidas por parte de los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil fueron de actuar «sin respetar» los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad, pese a que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TJSC) ordenó que las medidas adoptadas no afectaran «la normal convivencia ciudadana».

«La policía está siempre al lado de la ley. Pero tratar a la ciudadanía catalana, en todo su conjunto, como una masa de delincuentes y actuar sobre la misma con esta violencia desproporcionada también puede ser considerado delictivo o, como mínimo, muestra la medida de la escasa calidad democrática del Gobierno», destaca la Fepol.

Precisamente, la Generalitat interpuso ayer una denuncia contra los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional que el 1-O participaron en acciones «violentas y desproporcionadas» en Cataluña por entender que han podido cometer delitos como los de lesiones, coacciones y amenazas u otros de desórdenes públicos.

Paralelamente, siete juzgados de Cataluña han abierto diligencias para investigar la actuación de los Mossos d'Esquadra por no haber impedido ayer la votación del referéndum de independencia, como ordenaba el TSJC