Puigdemont promete una independencia «a la catalana», con «rigor y seguridad»

Puigdemont ha denunciado que la «imparcialidad legal» en España «hoy está atacada» y ha recordado que recientemente el Consejo de Europa ha dejado «en evidencia» al Gobierno del Estado al alertar del «uso político de los tribunales», informa Efe.

Además, «el Estado español no ha aplicado ninguna de las once recomendaciones» del Consejo de Europa sobre corrupción, ha señalado Puigdemont, para quien «un poder judicial independiente del resto de poderes del Estado es uno de los pilares básicos del Estado democrático y de derecho».

«Tenemos el deber ético de superarlo y hacer las cosas bien, con solvencia», ha recalcado Puigdemont, que ha advertido de que «la ley, sin justicia, muerta está».

«El mundo cada día mira más este trozo de planeta que se llama Cataluña, en el cual pasan y pasarán cosas maravillosas y extraordinarias», ha asegurado.

Por su parte, el presidente de la Comisión Jurídica Asesora, Albert Lamarca, ha afirmado que «los órganos consultivos y los tribunales tienen el deber de revisar su doctrina e innovarla cuando convenga, en el camino a recorrer para alcanzar un derecho y una sociedad mejores».

«La ley no puede ir contra la justicia. En nuestra sociedad no puede haber justicia sin ley, pero la ley sin justicia está muerta , la ley es un medio para conseguir la justicia», ha aseverado.

En un momento en que los grupos independentistas en el Parlament, Junts pel Sí y la CUP, preparan una ley de transitoriedad jurídica con la que pretenden «desconectar» Cataluña del Estado, Lamarca ha indicado que «han sido muchas las transitoriedades jurídicas» que los catalanes han vivido a lo largo de su «milenaria historia», como el Compromiso de Caspe de 1412, el Tratado de los Pirineos de 1659, el Decreto de Nueva Planta de 1716, el decreto imperial de Napoleón que implicó la anexión a Francia en 1812 o la proclamación de la II República el 14 de abril de 1931.

Estas «transitoriedades jurídicas», implementadas mediante "tratados internacionales de paz", por «imposición» o por «decisión democrática», han implicado la sustitución de un derecho por otro, el reparto de activos y pasivos, la confiscación de bienes a los ciudadanos" e incluso la "prohibición de leyes".