"El Estado sigue así con la estrategia de intentar ahogar económicamente las entidades para frenar el referéndum", han lamentado en un comunicado, donde consideran que se trata de nuevo de una multa política que no reconocen y que recurrirán hasta las últimas consecuencias.
Según explican, la sanción de 90.000 euros es un caso sin precedentes en España que se les impone por tener una base de datos inoperativa en los Estados Unidos cuando se estaba definiendo el nuevo protocolo internacional sobre datos en este país.
Tras constatar que otras empresas de actividades diversas tenían bases de datos de estas características, las entidades soberanistas garantizan que han cumplido "rigurosamente" con la normativa existente en cada momento.
En su opinión, la multa es "un claro ejemplo de la persecución que hace meses que el Estado practica hacia las entidades soberanistas , aplicando medidas sancionadoras de excepción" contra la ANC y Òmnium, que promueven el referéndum.
También acusan al Estado de sancionarlas "a partir de una denuncia que no ha podido ser verificada" , por lo que consideran que se las ha multado bajo criterios ideológicos con el único objetivo de condenar las entidades que trabajan por el referéndum.
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