La portavoz de la Generalitat señala al niño y la familia del colegio de Canet de Mar por pedir el 25% de español

Plaja, preguntada por las amenazas al niño y la familia y si la Generalitat tiene pensado hacer algo para evitar que el acoso acabe materializándose en agresiones físicas, indicó que la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) «es una vulneración flagrante al derecho de la mayoría de las familias y los alumnos del centro», porque «que un solo alumno obligue a cambiar la lengua al resto es, por lo menos, sorprendente».

En esta línea, lejos de defender los derechos del menor, recogidos en la sentencia del TSJC -medidas cautelares- y la extensa jurisprudencia del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional sobre la materia, Plaja lamentó que la sentencia del TSJC que afecta a la escuela de Canet se dirige al centro escolar, por lo que se salta al departamento de Educación, impidiendo así, apuntó, «que se pueda mediar o hacer alguna cosa al respecto» para incumplir la decisión judicial.

La portavoz autonómica omitió, en este caso, que la decisión del TSJC llega después de que tanto el centro como la Consejería de Educación se hayan negado a dar cumplimiento a la petición de la familia, que es de origen catalán y lo pide para su hijo de P-5, y que antes de acudir a los tribunales solicitó el ejercicio de su derecho a la dirección del colegio y al propio departamento de Educación.

No fue hasta que se le repreguntó por el menor y las amenazas que sufre, sobre todo en internet (apedrear la vivienda de la familia y la de que desde el colegio y los compañeros de clase se le haga ‘bullying’), cuando, tras su primera valoración, la portavoz de la Generalitat se limitó a decir que «este caso concreto lo desconozco». Y añadió que el Govern rechaza «siempre» cualquier amenaza «sea verbal o física» y más si se trata de un menor.

En cualquier caso, la relevancia mediática de esta sentencia -una más de las decenas que se aplican en relación al 25 por ciento en español- podría tener una motivación propagandística de cara a la manifestación convocada para el sábado 18 de diciembre contra la decisión del TSJC y el Supremo, que fijan el porcentaje mínimo lingüístico para ambas lenguas oficiales y vehiculares en todo el sistema escolar catalán. Al menos, esta es la sospecha de las entidades a favor del bilingüismo.

La decisión judicial del caso de Canet de Mar se conoció el 4 de noviembre, cuando el TSJC concretó las medidas cautelares. El 22 de ese mes, la dirección del centro y la Consejería de Educación respondieron al TSJC explicando al detalle cómo iban a aplicar la sentencia. Hasta estas fechas no hubo revuelo ni protestas. Poco después se conoció la decisión del Supremo de rechazar el recurso de casación contra la medida del TSJC de extender el 25 por ciento a todo el sistema. Y como reacción, Òmnium Cultural, con el apoyo de la Generalitat, convocó la manifestación del día 18, a las puertas del TSJC, para mostrar su rechazo a la sentencia y la separación de poderes.

Así, se entrecruzó la sentencia particular de los padres de Canet con la del Supremo que enmienda todo el sistema de inmersión lingüística obligatoria en catalán, irregular en su aplicación desde 1994. La semana pasada, el 2 de diciembre, jueves, el centro de Canet informó a los padres de P-5 que a partir de mañana, 9 de diciembre, se aplicará el 25 por ciento.

La reunión, según fuentes conocedoras de la misma consultadas por ABC, finalizó alrededor de las 20.00 horas. Al día siguiente, viernes, a las 9.00 horas, algunos padres molestos con la decisión judicial ya estaban denunciando el caso en los micrófonos de la radio pública de la Generalitat.

Igualmente, Patrícia Gomà (ERC), secretaria general de Educación y número dos del consejero, Josep Gonzàlez-Cambray (ERC), que mañana se reúne con la dirección y los padres que protestan por la resolución del TSJC, para darles ánimos, celebró las quejas. «Encontramos positiva la reacción del resto de las familias», añadió Gomà.