Imagen de los padres de Nadia durante el juicio celebrado en Lérida - ABC / Vídeo: La madre de Nadia: «no sabía nada de la estafa ni la hubiera permitido»
Caso Nadia

Penas de prisión de cinco y tres años para los padres de Nadia por un delito de estafa

El fallo del Tribunal les condena también a devolver el dinero a cada una de las personas perjudicadas por su engaño

BarcelonaActualizado:

La Audiencia de Lérida ha condenado a prisión a los padres de Nadia, la menor aquejada de una enfermedad minoritaria de la que se valieron sus progenitores para estafar a miles de personas recogiendo dinero para su curación. La sentencia establece para el padre, Fernando Blanco, una pena de cinco años de cárcel, así como una multa de 3.000 euros. Para la madre, la pena es algo menor. Así, Margarita Garau deberá cumplir tres años y seis meses de cárcel y pagar una multa de 2.400 euros.

El tribunal considera acreditado que ambos se enriquecieron en 402.232 euros recogiendo fondos para curar a su hija de una enfermedad de la que exageraron sus consecuencias para atraer donativos. En este sentido, la sentencia reconoce que la pequeña padece «tricotiodistrófia» aunque esta enfermedad «rara» no supone «un riesgo vital inminente para la misma».

El fallo también condena a Fernando y Margarita a hacer frente a una indemnización a cada una de las personas perjudicadas por su engaño como responsables civiles y a hacer frente a las costas del proceso. Agrega la sentencia que, aprovechando la enfermedad de la menor, los ahora condenados «urdieron un plan» para obtener un lucro patrimonial ilícito, constituyendo la Asociación Nadia Nerea para la tricotiodistrofia y enfermedades raras de Baleares, figurando en sus estatutos como presidente de la misma el acusado Fernando Blanco y como tesorera la acusada Margarita Garau».

El tribunal apunta además que en caso de insolvencia de los acusados, su asociación deberá responder como responsable civil subsidiária. Esta sentencia no es firme y admite recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en un plazo de diez días desde la notificación del fallo, que pone punto y aparte a una sonada polémica.