El Parlament redobla su desafío al TC y acuerda la convocatoria de un referéndum en 2017

El texto, aprobado con los 72 votos de Junts Pel Sí y la CUP y la abstención de Catalunya Sí Que Es Pot, conmina al Ejecutivo catalán a «la celebración de un referéndum vinculante sobre la independencia de Cataluña, como muy tarde en septiembre de 2017 y con una pregunta clara y de respuesta binaria». La resolución prevé que el referéndum pueda ser acordado con el Estado, y en caso contrario, unilateral.

La cámara catalana también ha aprobado otra resolución pactada por Junts Pel Sí y la CUP que insta al Gobierno catalán a proveerse de las herramientas necesarias para convocar y celebrar unas elecciones «constituyentes» en los seis meses posteriores a la celebración del referéndum en el caso en que la opción independentista consiga más del 50% de los votos favorables.

Otra de las resoluciones aprobadas, en esta ocasión presentada por Catalunya Sí que Es Pot y con los votos de Junts Pel Sí y la abstención de la CUP, hace referencia a un referéndum que busque «el reconocimiento previo de la Unión Europea y la comunidad internacional».

Junts Pel Sí, Catalunya Sí Que Es Pot y la CUP tambien han hecho frente común a la hora de aprobar una resolución en contra de la judialización del 9-N y en apoyo a Mas, Rigau, Ortega y la propia Forcadell.

Como ya ocurriera en verano con la votación de las conclusiones del proceso constituyente, las mismas que han llevado al TC a pedir a Fiscalía que investigue a Forcadell por permitarlas pese al mandato expreso del Alto Tribunal, los diputados de PP y C's no han participado en la votación de las resoluciones soberanistas. En esta ocasión, sin embargo, no han abanadonado el hemiciclo, aunque sí que han levantado las manos para indicar que no participaban en la votación.

El portavoz de los populares, Enric Millo, ha recordado antes de la votación que no lo hacían por discrepancias políticas, sino por motivos legales, ya que, ha apuntado, durante la reunión de la Mesa del Parlament incluso el letrado mayor del Parlament ha expresado sus «dudas razonables» sobre la legalidad de las resoluciones.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, ha argumentado que estas resoluciones «desobedecen y no hacen caso» a las sentencias del Constitucional, ya que en su opinión son una «continuidad» de las anuladas por el alto tribunal.