Oriol Pujol ingresa en la cárcel por el caso de corrupción de las ITV

La Audiencia de Barcelona le había condenado a dos años y medios de cárcel por haber usado su influencia política para cobrar comisiones ilegales a cambio de favorecer a sus amigo s empresarios del sector de las ITV en Cataluña.

Su ingreso era cuestión de días después de que, tal y como avanzó ABC, sus abogados hayan renunciado a la última bala para su defensa: un recurso de amparo, que habría de presentarse al mismo tribunal que ordenó su encarcelamiento y, por tanto, con muy pocas opciones de prosperar.

Y es que la Audiencia ya había echado por tierra el intento del exconvergente de conmutar la cárcel por trabajos sociales, y le ordenaba entrar en prisión por la «gravedad» de sus delitos: cohecho, tráfico de influencias y falsedad documental .

Pujol había admitido los hechos y pactó con el fiscal la pena . Al acuerdo se sumó su mujer, Anna Vidal, también encausada, pues a través de ella cobraba las comisiones. Vidal, al poder rebajar su pena con el pacto, sí que ha logrado evitar la cárcel. La pena que el fiscal pedía para ella era menor que la que reclamaba para él.

Ahora que ya está en Brians 2, el procedimiento al que se someterá el hijo del «expresident» será el de cualquier sentenciado que acude a una cárcel con una orden judicial. Entra a pie, y se le conduce al módulo de ingresos, donde los funcionarios de vigilancia penitenciaria le toma las huellas, le hacen una foto y le practican un registro integral en una sala ya destinada para este uso.

Según han informado fuentes penitenciarias, se le retiran también las pertenencias que está prohibido tener en prisión, como móviles y dinero, que se guardan en un depósito. Al preso se le entrega un comprobante.

A continuación, a Pujol, como se hace siempre tras un ingreso, se le conducirá a una de las celdas del módulo de ingresos, donde le visitará, en primer lugar, el médico, y a continuación diferentes profesionales del equipo de tratamiento para conocer su situación y decidir el módulo en el que permanecerá . Este proceso puede alargarse durante unos cinco días pero lo habitual es que sea solo de dos.

El reglamento penitenciario establece que los centros penitenciarios tienen un plazo máximo de dos meses para hacer una propuesta de clasificación (en primer, segundo o tercer grado). La junta de tratamiento del centro eleva su propuesta de clasificación a la Dirección General de Servicios Penitenciarios, que es quien toma la decisión definitiva. Contra esta decisión, el interno puede interponer recurso ante el juez de vigilancia penitenciaria.