El órgano de gobierno de la Universidad de Lérida rechaza adherirse al Pacte Nacional pel Referèndum

El equipo de gobierno se vio obligado a debatir la propuesta después de que 11 miembros del Consejo de Gobierno lo propusieran, cumpliendo así el trámite de que una quinta parte de los 54 miembros (entre profesores, estudiantes y personal administrativo y de servicio), al menos, puede introducir un punto en el orden del día.

Durante el debate, el rector, Roberto Fernández, ha defendido que no se pronunciaría sobre la propuesta ya que esta petición de adherir a la UdL al Pacte Nacional pel Referéndum era una decisión de «política partidista». «La obligación institucional del rector es mantener la neutralidad política de la UdL», añadió.

En este sentido, Fernández sí recordó que los miembros del Consejo de Gobierno de la universidad «no son escogidos por razones ideológicas sino académicas» y que el órgano de gobierno de la UdL «no representa ideológicamente a la comunidad universitaria».

La decisión de la UdL contrasta con la de las universidades Pompeu Fabra de Barcelona (UPF) y Rovira i Virgili de Tarragona (URV), que a primeros de este mes de junio, se adherieron al Pacte Nacional pel Referèndum, después de que se pusiera en marcha una campaña para ello desde la asociación y la plataforma Universitats per la República.

Uno de los argumentos esgrimidos por el rector de la UdL se fundamenta en la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que en diciembre de 2016, obligó al Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) a salir del Pacte Nacional pel Dret a Decidir, al que se había adherido en octubre de 2013, después de que un grupo de abogados denunciara el caso.

El TSJC señaló entonces que el ICAB, con su adhesión a otra entidad, había vulnerado «la libertad ideológica, de expresión y de asociación» de los colegiados, que tenían adscripción obligatoria al ICAB, ya que este pacto por el «derecho a decidir» tiene «un marcado carácter político».

El ICAB, con su decisión, según el TSJC, había roto «con la neutralidad ideológica o política» que se espera de una entidad colegiada y que no permite a sus miembros excluirse de una decisión de sus órganos de dirección.