La oposición avisa a Puigdemont de que no puede comprar urnas

Así, Jorge Soler (Cs) indicó que «destinar dinero para repetir un 9-N es perder dinero, recursos y esfuerzos»; Miquel Iceta (PSC) apuntó que «el problema no es si las urnas son de cartón o metacrilato, sino que, como dijo el Consejo de Garantías Estatutarias por unanimidad, la Generalitat no tiene competencias» para convocar un referéndum independentista; y Xavier García Albiol (PP) recordó que está prohibido «cualquier tipo de acto tendente a propiciar, desde el punto de vista logístico, un referéndum; instituciones, funcionarios, particulares y empresas que lo hagan, no tengan duda de que tendrán problemas con la Justicia».

No es del mismo parecer Oriol Junqueras, vicepresidente de la Generalitat y responsable de las finanzas autonómicas, quien, desde Nueva York (Estados Unidos), no solo ratificó que se están ultimando los detalles de la licitación pública -es «un paso más»-, sino que añadió: «Con Puigdemont desencallamos hace unas semanas este tipo de cuestiones. Nos pusimos de acuerdo en cómo se tiene que hacer y uno de los aspectos es el de las urnas, que es de los más relevantes en este proceso y en el cumplimiento de este mandato. Como estamos conjurados, como la mayoría del Parlamento de Cataluña, como la mayoría de las instituciones, estamos convencidos de que, indudablemente, haremos este referéndum».

Por su parte, la consejera responsable de la compra de las urnas, Meritxell Borràs , aseguró que la administración autonómica es «plenamente competente» para poner en marcha el proceso público para homologar posibles empresas proveedoras de urnas, por lo que esta actuación es «absolutamente legal» y «de acuerdo con la ley».

En este sentido, Borràs señaló, ayer, que las urnas que se licitarán son «para elecciones catalanas, consultas y procesos participativos» y, sobre su uso en un referéndum de secesión, añadió lacónicamente que el «compromiso» de la Generalitat es convocarlo y celebrarlo.

La consejera de Gobernación informó también de que el proceso para este acuerdo marco, que se iniciará de forma «inminente», servirá para preseleccionar a empresas de modo que puedan suministrar urnas y culminará a finales de junio. Se trabaja con la idea de que se compren u nas 8.200 urnas de metacrilato , y otras 4.000 de cartón.

De esta manera, la Generalitat estaría en condiciones de dar a conocer la pregunta y la fecha del hipotético referéndum entre finales de mayo y primeros de junio.

Sobre este nuevo movimiento, en el Gobierno se muestran cautos, pero en la misma línea de siempre. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros , el portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo , insistió en que se trataba del «anuncio de un anuncio», aunque recordó que « el Tribunal Constitucional ya dijo con toda claridad que impediría la celebración de cualquier referéndum y vincularía tanto a los dirigentes políticos como a los funcionarios y las empresas que estén relacionados con el mismo».

No obstante, el portavoz del Gobierno manifestó que «si eso se lleva a cabo y se materializa en hechos, sin duda alguna la Fiscalía intervendrá». Méndez de Vigo aseguró que lo más importante era «hacer un llamamiento a la cordura». «No es posible saltarse la ley, no es posible desconocer el dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias o de los letrados del Parlamento de Cataluña , ni mucho menos hacer encuestas sobre si hay que obeder o no a la ley», dijo el portavoz, que añadió que «en eso se basa el Estado de derecho, en cumplir la ley. De otra forma estaríamos en la jungla», zanjó.