Un miembro de la Comisión de Venecia advierte del riesgo de ir «contra el Estado de Derecho»

Castellà, a preguntas de Ep, ha explicado que el conflicto nacionalista en Cataluña está planteándose entre la legitimidad democrática y la legalidad del ordenamiento jurídico, pero no se pueden separar.

La Comisión de Venecia, cuyo nombre formal es Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho, es el órgano consultivo del Consejo de Europa en derecho constitucional, está formado por juristas de los países y entre sus funciones está pronunciarse sobre la idoneidad de procesos refrendarios.

Este lunes, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, envió una carta a la Comisión informando de su voluntad de celebrar un referéndum, lo que ha puesto a este órgano en el centro del debate político.

Este sábado se ha sabido la respuesta de la Comisión y, como era de esperar, ha recordado que todos los referéndums se tienen que realizar al amparo de las constituciones y legislación vigente en los países. Es decir, no hay legitimidad sin legalidad.

Castellà ha argumentado que la legitimidad va ligada a la legalidad en los Estados democráticos de Derecho del entorno cultural europeo, por lo que, sin respeto al Estado de Derecho, «la democracia es revolucionaria y por lo tanto no tiene límites al poder».

«En cambio, la democracia constitucional compagina la legitimación democrática con el control del poder, la garantías de los derechos fundamentales y el sometimiento al derecho de autoridades y ciudadanos», reflexiona el jurista, doctor en Derecho, profesor de la Universidad de Barcelona (UB) y uno de los dos miembros españoles en el Comisión de Venecia.

Aunque cada caso presenta sus «singularidades», Castellà ha recordado que hay dos informes de la Comisión relativos a referéndums de secesión, el de Montenegro de 2005 y el de Crimea de 2014, y también se ha pronunciado sobre referéndums constitucionales y ha elaborado un código de buenas prácticas.

Según explica Castellà, la función de los juristas como él es debatir los informes que le plantean a la Comisión, además de intervenir en la elaboración de estos informes como ponentes; también participan en foros académicos y en misiones de «supervisión electoral».

Cada Estado miembro de la Comisión, ahora son 61, designa a dos miembros normalmente especialistas en derecho constitucional, éstos no tiene ningún mandato y actúan «libremente», de acuerdo con criterios jurídicos y no representando a los Estados.