El juez archiva la causa por el supuesto espionaje político de los Mossos

En un auto, el titular del juzgado de instrucción número 22 de Barcelona ha acordado archivar la causa, después de constatar que la comisaría de información de los Mossos actuó con «competencia», recabando datos de personas que por su significación sociopolítica podían ser partícipes o víctimas de incidentes en un momento «especialmente vulnerable», en pleno proceso independentista.

«No puede concluirse que las investigaciones no estuvieran guiadas por el propósito de salvaguardar el interés público y, por lo tanto, no son una desviación poder», sostiene el juez, que da carpetazo a la causa que abrió a raíz de la denuncia de varios particulares después de que se descubrió que los Mossos habían recabado información sobre ellos, que constaba en la documentación que iban incinerar el 26 de octubre de 2017, la víspera de la declaración de independencia aprobada por el Parlament.

En el auto, que se puede recurrir, el magistrado afirma que no consta que los datos obtenidos por los Mossos hayan sido usados «para algún fin político» y resalta que la policía catalana decidió la información que quería buscar «según su poder discrecional de investigación en relación con la valoración de los elementos concretos y los requisitos de la intervención».

Algunos dirigentes de organizaciones constitucionalistas, periodistas y representantes sindicales de los Mossos d'Esquadra denunciaron que habían sido objeto de espionaje político por parte de la policía catalana, después de que el informe que elaboró la Policía Nacional sobre los documentos que iban a incinerar el 26 de octubre de 2016 contenía información sobre ellos.

De hecho, los grupos del PSC, Cs, CeC-Podem y PP forzaron en julio pasado la creación de una comisión de investigación en el Parlament sobre el supuesto espionaje político para averiguar por qué los Mossos recabaron datos de políticos y periodistas durante la legislatura pasada.

La investigación policial relativa a algunos de ellos, como por ejemplo el expresidente de Sociedad Civil Catalana (SCC), apareció en la prensa, ante lo que varios de los afectados interpusieron querellas y denuncias, que se acumularon en el juzgado de instrucción numero 22 de Barcelona.

A partir de las explicaciones aportadas por el comisario jefe de los Mossos d'Esquadra, el juez resalta que la Comisaría General de Información de los Mossos llevó a cabo una investigación que afectaba a personas de diversas orientaciones sociopolíticas «en un momento social de especial vulnerabilidad», en pleno proceso independentista.

Según el juez, las investigaciones buscaban «una finalidad concreta», como era obtener el «máximo de información, esencial en toda policía, sobre la actuación de personas que por su significación sociopolítica pudieran, en un momento especialmente vulnerable, devenir autores o partícipes en incidentes con afectación del orden pública o devenir víctimas de estos incidentes».

En el auto de archivo, el magistrado resalta que ello supuso una afectación a la intimidad de estas personas, aunque no comprendió la interferencia de comunicaciones ni la instalación de cámaras de vigilancia.

El juez apunta que este tipo de investigaciones están previstas por la ley y persiguen «el fin legítimo de poder garantizar el orden público frente a posibles alteraciones», por lo que es «necesaria en una sociedad democrática».

Como en toda actuación policial, expone el juez, algunas de las investigaciones han dado lugar a diligencias judiciales o están relacionadas con ellas, mientras las otras no han aportado datos relevantes.

Además, el juez destaca que no consta, ni se ha alegado en ninguna denuncia o querella, ni ha sido objeto de preguntas al comisario jefe por parte de los denunciantes, la posibilidad de que los datos obtenidos en las actuaciones hayan sido utilizadas «para algún fin político».

Según el juez, toda la información que los Mossos iban a incinerar relativa a las personas que denunciaron ser víctimas de espionaje político se obtuvo «con medios legales».

«No existe ninguna intromisión en ningún fichero secreto, no se ha intervenido teléfono alguno, no se ha interceptado correspondencia ni entrado en ningún domicilio», expone.

También resalta que ninguno de los datos que consta en la documentación afecta a la vida íntima de los querellantes y denunciantes, ya que únicamente figuran datos que «guardan relación con la vida privada o con la misma vida pública, fácilmente obtenibles en la llamada información abierta».