Agentes de los Mossos durante el 1-O
Agentes de los Mossos durante el 1-O - ABC

Nuevo frente judicial contra los Mossos por su pasividad el 1-O

Un juez de Cornellà imputa a la excúpula por desobedecer al no abortar el referéndum independentista

BarcelonaActualizado:

A la excúpula de los Mossos se le acumulan los frentes judiciales por el operativo con el que debían haber frenado la consulta independentista del 1 de octubre del año pasado.

Al margen del procesamiento en la Audiencia Nacional del mayor Josep Lluís Trapero, y de otras dos causas todavía abiertas en Sabadell (Barcelona) y Lérida, ahora un juez de Cornellá (Barcelona) ha imputado a siete exmiembros de la cúpula por su supuesta pasividad a la hora de impedir el referéndum.

Deberán declarar en diciembre como investigados por un delito de desobediencia. Entre ellos está el adjunto de la Prefactura de Mossos Ferran Lópz, que sustituyó a Trapero como jefe de la policía catalana cuando éste fue destituido tras aplicarse el 155.

La decisión del Juzgado de Instrucción número 3 de Cornellá de imputar a estos excargos llega después de que la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela –que se encarga de la causa principal– rechazase asumir esta pieza y unirla a su investigación.

El juez quiere conocer el papel de estos siete investigados en la «elaboración, aprobación y cumplimiento de las pautas de actuación» de los Mossos para el operativo contra el referéndum independentista. También si dicho operativo policial cumplía con las órdenes judiciales recibidas.

Tras analizar las actas de las reuniones de la cúpula de la policía catalana tras el 1-O que le remitió la Audiencia Nacional, el juez de Cornellá ve indicios de que las decisiones sobre el dispositivo se habían tomado de forma «conjunta y colegiada».

«Parece que en sus reuniones tienen voz y facultad decisoria sus miembros, explicando cómo cada uno decide, gestiona y ejecuta su ámbito», dice el juez en la providencia en la que los cita a declarar.

Uno de los documentos que levantó sospechas fue una reunión del 13 de octubre de 2017 donde el que era jefe de la Comisaría Superior de Coordinación Central, Joan Carles Molinero, decía que se estaba haciendo un «esfuerzo ingente» por revisar 11.000 actas que se habían confeccionado porque «adolecen de falta de información y actitudes poco profesionales».

Los siete imputados ya no forman parte de la cúpula, pero algunos son comisarios y todavía mantienen cargos importantes.