El independentismo afronta dividido por la fecha electoral una Diada sin épica

El mejor ejemplo de esta confusión lo ejemplifica la Assemblea Nacional Catalana (ANC), empeñada de manera temeraria, pese a la recomendación de los expertos sanitarios, en llevar a cabo una serie de demostraciones que, aunque descentralizadas y adoptando todo tipo de medidas, son obviamente un riesgo en plena segunda ola de la Covid-19 y a falta de solo tres días del inicio del curso escolar. No habrá presencia de nadie del Govern en las concentraciones de la ANC, pero tampoco se ha atrevido a pedir el Ejecutivo de Quim Torra que la gente no acuda, convencido como está el «president» de que el «tarannà» (carácter) de los catalanes hará que en la Diada no haya riesgo por su talante cívico. De las grandes demostraciones de las pasadas diadas, a la manifestación confinada e imprudente de 2021: todo un símbolo del estado del «procés».

Ayer mismo, el secretario de Salud Pública, Josep Maria Argimon, incidió en que, por más que el derecho a manifestación esté garantizado, no cree que el actual sea un «momento oportuno» para organizar concentraciones de gente. «No es oportuna la concentración de personas, aunque estén muy distribuidas por el territorio», insistió el máximo responsable catalán de la lucha contra el coronavirus.

La irrelevancia de la ANC es la demostración de que el juego político lo vuelven a liderar los partidos y sus intereses particulares. Por así decirlo, un regreso a cierta normalidad. La fecha de las elecciones es ahora mismo el principal punto de fricción, y mientras Esquerra, y de hecho el resto de partidos, abogan por una convocatoria inmediata, en Junts prefieren dilatar algo los tiempos e ir a comicios en febrero. Habría así tiempo suficiente para consolidar el proyecto personalista de Junts y Puigdemont, que medita si encabezar la lista, y, de paso, proseguir con el desgaste de ERC, al frente de las consejerías de Educación y Sanidad, las más expuestas durante los próximos meses.

De hecho, el propio Carles Puigdemont validó ayer esta vía, al asegurar que prefiere que no haya nueva investidura una vez que el Tribunal Supremo confirme la inhabilitación de Quim Torra . La vista está fijada para el día 17 y se prevé que haya fallo en el plazo de una semana o diez días. Después de que esto suceda, y si en dos meses el Parlament no elige un sustituto, la Cámara se disolvería y al cabo de 54 días habría nueva convocatoria de elecciones, en febrero. Puigdemont sigue marcando los tiempos.

Frente a esta posición, el vicepresidente, Pere Aragonès (ERC), volvió a reclamar que la fecha de las elecciones sea consensuada, y ante la posición de llevar los comicios a febrero, el republicano, candidato de su partido en la citada cita, pidió que «el interinaje sea lo más breve posible». De hecho, durante los cuatro meses que pueden transcurrir entre la inhabilitación de Torra y las elecciones, será Aragonès quien asuma las funciones de «president», una situación más bien incómoda para él, mientras que el inhabilitado mantiene una suerte de presidencia simbólica, aunque sin firma. «Podemos acordar cómo gestionamos esto porque tenemos una pandemia mundial que afecta sanitaria económica y socialmente», prosiguió el vicepresidente.

Un poco al margen de todos, y pese a que la capacidad para convocar elecciones sigue estando en sus manos, Quim Torra circula por su propio carril, y anoche fiel a un guion que ni siquiera una pandemia global es capaz de modificar, el presidente centró su tradicional mensaje institucional del 11 de septiembre en cargar contra el Estado y defender, una vez más, la independencia como solución única a todos los problemas de Cataluña.

«Persistimos y persistiremos en esta voluntad democrática por la libertad hasta conseguir la plenitud nacional de nuestro país la independencia y lo haremos con el espíritu inclusivo y emprendedor que nos caracteriza y por un gran objetivo: una vida mejor para los 7,5 millones de catalanes y catalanas», dijo Torra.

El presidente aprovechó su intervención para denunciar de nuevo «la represión» del Estado español» y exigir que al Gobierno y al Rey «un acto solemne para disculparse públicamente» por la persecución, detención y fusilamiento del presidente Companys y de todos los miles de catalanes muertos en el exilio, en los campos nazis de concentración o en las prisiones catalanas»; ha enfatizado Torra.