Imputan al jefe de la oficina del «president» Torra por colaborar con el 1-O

Sin embargo, el juzgado ha aceptado la petición de su abogada de suspender la declación porque a la letrada la fecha le concidía con el juicio del «procés», que se celebra en el Tribunal Supremo. Por ello, Casals será citado en próximas fechas; a principios de junio sí que declararán testigos de la causa, tal y como estaba previsto.

Casals, del área del PDECat más próxima a Puigdemont, dejó la Alcaldía a principios de año para dirigir la «Oficina del President» Quim Torra . En su momento, incluso abogó por cerrar fronteras entre Cataluña y el resto de España .

Por otra parte, hace unas semanas que un juzgado de Martorell (Barcelona) admitió a trámite otra querella de la Fiscalía contra el alcalde de Collbaltó, Miquel Solà, también por desobediencia al haber colaborado con el 1-O.

La Fiscalía acusa a estos dos alcaldes independentistas de haber cedido locales municipales para la celebración de la consulta pese a fueron advertidos expresamente de que el Tribunal Constitucional la había suspendido.

Casals, el 8 de septiembre de 2017, semanas antes del referéndum, envió un correo a todos los trabajadores municipales dejando claro su apoyo a la consulta ilegal, e informando de que el Ayuntamiento facilitaría a la Generalitat los locales. Además, añadía un frase responsabilizándose de todo: «El coordinador del ayuntamiento y único responsable del dispositivo que se haga desde el ayuntamiento de Molins de Rei, seré yo mismo, como alcalde de la villa».

Pese a que la Delegación de Gobierno avisó a todos los alcaldes catalanes de las responsabilidad penales en las que podrían incurrir en caso de colaborar con la consulta, Casals puso a disposición del referéndum cuatro locales : las escuelas de Primaria de L'Alzina y de L'Estel; el centro cívico Pont de la Cadena y el Ambulatori Vell.

En el caso del alcalde de Collbaltó su actuación fue similar. También desoyó conscientemente las advertencias y decidió seguir adelante con la cesión de locales municipales, poniendo la Escola Graduada Mixta La Salut a disposición de la consulta ilegal.

En septiembre de 2017, la Generalitat pidió a los alcaldes catalanes apoyo para el referéndum. Un total de 712 se alinearon con el Govern de Carles Puigdemont, y la Fiscalía decidió investigarlos a todos.

El ministerio público acabaría por abrir diligencias contra 40 de esos alcaldes para comprobar si habían cedido locales. Meses después decidió archivar las causas de la mayoría al no haber podido constatar que hubieran dictado resoluciones de apoyo a la consulta. La excepción son los dos alcaldes (Molins y Collbaltó) contra los que finalmente se querelló.