La Guardia Civil registra el «Diplocat», el ministerio de Exteriores en la sombra de la Generalitat

Fuentes judiciales han explicado a ABC que varios agentes de la Benemérita se han desplazado hasta las oficinas de la entidad sobre las nueve y media de la mañana para requerir información en el marco de las investigaciones que afectan a este organismo en un registro que se ha prolongado hasta las tres menos cuarto de la tarde.

El objetivo del registro era recopilar información sobre la eventual contratación y pago a observadores internacionales durante el referéndum ilegal del 1-O. No en vano, esta entidad se dedicó durante años a promover la causa secesionista en el exterior de la mano de la consejeria de Asuntos Exteriores dirigida hasta octubre por Raül Romeva, hoy preso en Estremera.

Fuentes de la investigación han explicado a este diario que la operación se enmarca en la causa que instruye el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, que investiga a altos cargos del Govern por los preparativos del 1-O. Asimismo, la operación policial que se está realizando este jueves llega la víspera del cierre de las oficinas del «Diplocat» por orden del gobierno español en aplicación de 155. Paralelamente, todos los trabajadores del organismo se encuentran en un proceso de ERE por este mismo motivo.

El pasado 27 de octubre, el gobierno español anunció la supresión del Diplocat. En ese momento, se cerraron todas las oficinas o «embajadas» de la Generalitat en el extranjero , salvo la de Bruselas, y todos los delegados del gobierno en el extranjero y en Madrid fueron cesados. Posteriormente -el 31 de octubre- La Moncloa también comunicó al secretario general del organismo, Albert Royo, su destitución.

Durante años, el «Diplocat» fue la joya de la corona de la «Acción exterior» de la Generalitat de Cataluña. Así las cosas, el gobierno catalán gastaba en torno a 12 millones de euros al año en mantener abiertas una quincena de pseudoembajadas en distintas capitales del mundo , según los datos que hasta ahora ha podido recopilar el Gobierno y a los que tuvo acceso ABC. La citada cantidad forma parte de la partida de 40 millones de euros anuales de los que disponía el Gobierno catalán para promocionar el independentismo en el mundo y con la que financiaba también sueldos del personal de la Consejería de Relaciones Exteriores y de las distintas actividades, viajes, etc, de los responsables de llevar a cabo esa promoción.

Sin embargo, las «embajadas catalanas» nacieron en 2008, cuando el tripartito que gobernaba el socialista José Montilla abrió las primeras delegaciones en Berlín y París. Desde entonces, la Generalitat ha ido aumentando el número de sus oficinas en el exterior, que, en los últimos años, se convirtieron en el instrumento con el que el Gobierno de Artur Mas, primero y el de Carles Puigdemont, después, trataban de presentar a Cataluña en el mundo como si fuera un Estado independiente.

Para conseguir ese objetivo, los impulsores del «procés» no repararon en gastos, buscando en las capitales más importantes los mejores emplazamientos para sus delegaciones, y ofreciendo a los delegados que trabajarían en ellas unos sueldos en torno a los 80.000 euros al año. Así las cosas, unas 80 personas, la mitad de ellos en cargos de alto rango trabajaban en las «embajadas» a las que el Gobierno ha puesto coto.

El primer puesto en el ránking en cuanto a gastos de funcionamiento se lo lleva la delegación en Bruselas, que es la única que el Gobierno ha decidido mantener abierta ya que las comunidades autónomas pueden necesitarla para sus relaciones con la Unión Europea. Sus gastos se elevan a 1.163.173 euros, lo que incluye los 8 0.589 euros de sueldo del delegado, Amadeu Altafaj , a quien el Govern trató de que la UE aceptara como representante permanente. No lo consiguió porque esa denominación está reservada a los embajadores de los Estados miembros.