La pancarta con un lazo amarillo seguía a esta hora colgando del Palau de la Generalitat - INÉS BAUCELLS | Vídeo: EP

El Gobierno despeja el problema y señala que es competencia de la JEC actuar contra Torra

El Ejecutivo señala que la Delegación del Gobierno recabará pruebas para informar al órgano electoral y que decida si acudir a la Fiscalía u ordenar a los Mossos que quiten la simbología

BarcelonaActualizado:

La decisión de Quim Torra de desoír por segunda vez las órdenes de la Junta Electoral Central (JEC) acerca de la presencia de lazos en los edificios públicos de la Generalitat de Cataluña ha forzado al Gobierno a explicar su actuación del Gobierno y los siguientes pasos a seguir. Según apuntan fuentes del Ejecutivo, la Delegación del Gobierno será la encargada de informar y recabar pruebas, para que luego la Junta decida los pasos a seguir.

«Es la Junta la exclusivamente competente para dar los siguientes pasos, tanto si decidiera remitir los hechos a la Fiscalía como si ordenase al cuerpo de seguridad competente el cumplimiento de su instrucción de retirar los lazos; en este caso, serían los Mossos d'Esquadra los encargados de esta función», insisten desde Moncloa. Asimismo, se recuerda que la Delegación del Gobierno en Cataluña tiene como misión informar a la JEC sobre el «grado de cumplimiento» del requerimiento de retirar la simbología partidista de los edificios oficiales.

En este sentido, desde el Gobierno se recuerda que desde las 15.00 horas de este martes se está informando a la JEC sobre el cumplimiento de la orden de retirar lazos amarillos en los edificios públicos dependientes de la Generalitat de Cataluña en pro de la neutralidad de los edificios públicos en un momento pre-electoral.

En este sentido, la instrucción que tiene la Delegación del Gobierno sería «estrictamente» esa: informar a la JEC con un escrito y una serie de fotografías de los edificios públicos más representativos dependientes de la Generalitat. A su vez, Torra ha remitido este martes un escrito a la Junta Electoral Central (JEC) en el que le solicita la «suspensión del plazo» concedido al Govern para retirar los lazos amarillos de los edificios públicos. En el documento se alega la «imposibilidad» de ejecutar una orden de estas características, debido al gran número de edificios públicos que gestiona la administración catalana.