Así funcionaba el entramado corrupto que llevará a Oriol Pujol a prisión por el caso ITV

A raíz de esta condena firme, la Fiscalía tiene previsto pedir el ingreso en prisión del exsecretario general de CiU cuando se abra el trámite para ejecutar la pena, que todavía no tiene fecha. Su abogado, Xavier Melero, pedirá que se suspenda la pena y se sustituya, puesto que ha sido condenado a tres penas por tres delitos que no alcanzan por separado los dos años, informa Ep.

Según los hechos probados, aceptados por los acusados, en 2011 el entonces secretario general de la Conselleria de Industria Enric Colet nombró al encargado de solucionar los litigios judiciales suscitados por las concesiones de nuevos lotes de ITV en Cataluña, por una «sugerencia activa» de Pujol, que usó para ello su doble condición de presidente del Grupo Parlamentario de CiU y de secretario general del partido para conseguir el nombramiento.

El interés de designar a esa persona (Josep Tous) por parte de Pujol partía de que se lo había pedido su amigo íntimo Sergi Alsina, para que «favoreciese los intereses privados» del empresario de las ITV Ricard Puignou en las negociaciones para diseñar el nuevo plan territorial de las ITV que quería impulsar el Govern.

Puignou, para beneficiarse de nuevo concurso de estaciones, pagó entre diciembre de 2010 y febrero de 2012 cantidades que oscilaban entre los 11.800 euros y 23.600 a Sergi Alsina a cambio de sus influencias políticas debido a su amistad con Pujol, y a su vez, Alsina pagaba mensualmente 2.360 euros a Josep Tous, el responsable de ordenar el sect or .

Asimismo, según el plan «urdido y previendo el aumento de estaciones a adjudicar», los acusados Sergi Alsina y Sergi Pastor, liderados por Oriol Pujol, crearon la sociedad Upprime para que se viera favorecida en el reparto de lotes de ITV , aunque sus planes se truncaron y no se consumaron al saber a través de los medios que estaban siendo investigados.

En paralelo, entre el año 2010 y 2012, Sergi Alsina, a través de las consultoras Alta Partners y Bersenat hizo de intermediador en varias deslocalizaciones como la de Sharp en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) y Yamaha, y la instalación de proveedores de Seat en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), unos procesos en los que intervino Pujol facilitando contactos de altos cargos y beneficiando a los intereses de las empresas representadas por el empresario.

Para «gratificar la labor realizada por el acusado Oriol Pujol», Alsina contrató aparentemente los servicios de su esposa Anna Vidal en concepto de asesoría, que era ficticia, a cambio de retribuciones económicas. La sentencia considera que la intervención de Oriol Pujol tanto en el inicio de la operación como en su desarrollo y en su final fue «intensa, decisiva y claramente beneficiosa» para los tres implicados, gracias a los relevantes cargos políticos que ostentaban.

El importe total de las facturas cobradas por Anna Vidal por servicios aparentemente contratados y no prestados en los años 2010 a 2012, fue de 381.450,40 euros. Estas facturas simularon la existencia de una relación contractual entre Sergi Alsina y Anna Vidal con la finalidad de retribuir la inestimable colaboración prestada por Oriol Pujol.

El hijo del expresidente suscribió un pacto con el Ministerio Público en el que conseguía que su mujer eludiera la cárcel a cambio de una pena multa, un acuerdo al que finalmente se adhirieron los otros acusados: el exnúmero dos de la Diputación Josep Tous, y los empresarios Sergi Pastor, Sergi Alsina y Ricard Puignou.

En un principio, la Fiscalía Anticorrupción pedía cinco años y dos meses de cárcel para el exdiputado, más 310.000 euros de multa por su presunta implicación en el caso ITV, y tres años y cuatro meses para su mujer.

En su calificación inicial, los fiscales Fernando Maldonado y Teresa Duerto acusaban al hijo del expresidente de los delitos de tráfico de influencias , por el que pedían dos años; cohecho, por el que solicitaban un año y dos meses, y falsedad continuada en documento mercantil, por lo que demandaban dos años más.