Frente común de la izquierda catalana para defender la inmersión lingüística en la localidad en la que nació

Durante el acto, Colau (Barcelona en Comú) ha avisado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy , de que en Cataluña encontrará una sociedad «unida y cohesionada» en defensa del modelo de escuela catalana. Asimismo, le ha pedido que «no se equivoque» intentando dividir a los catalanes, y ha reivindicado el «éxito» del modelo educativo catalán como generador de igualdad de oportunidades.

Por su parte, la alcaldesa de Badalona Dolors Sabater, que gobierna con el apoyo de una coalición de partidos de izquierda , ha aseverado que la lengua catalana en los colegios de la comunidad «no se toca». «El derecho a acceder a ella es un derecho para todos los que desde el municipalismo defenderemos a todas. Badalona no se fracturará con segregación lingüística», ha resumido. A su vez, la alcaldesa socialista de Santa Coloma de Gramanet, Núria Parlón, ha asegurado que la lengua fue «el puente» de la recuperación del autogobierno y la cohesión social. Asimismo, ha reivindicado el modelo implementado por primera vez en esta localidad de poblada por muchos migrantes venidos de toda España como «un éxito».

En 1982, en un entorno de mayoría castellanohablante , un grupo de familias y profesores de la ciudad de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), amparados por el PSUC -el partido hegemónico de la izquierda catalana en los ochenta-, arrancaron una ofensiva para catalanizar la escuela catalana. Fue el origen de la inmersión, el modelo monolingüe en catalán que ha imperado desde entonces en las aulas catalanas.

Hoy, 36 años después , cuando el Gobierno central amaga con rescatar al castellano de la exclusión a la que ha estado sometido durante décadas y devolverle su función de lengua vehicular, los partidos de izquierdas (encabezados por el PSC y Barcelona en Comú) han exhibido su disposición para hacer un frente común para defender este polémico modelo en el mismo centro donde nació este sistema. El movimiento ciudadano que impulsó la inmersión elevó al entonces presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, un documento en el que exponían sus reivindicaciones y llegaron a entrevistarse con él. En paralelo, el Govern diseñaba el programa de inmersión lingüística y ampliaba el uso del catalán en las escuelas. Así que, ante la petición de Santa Coloma, el Servei d'Ensenyament del Català (Sedec) de la Generalitat apostó por el municipio para iniciar la inmersión.

El curso 1983-1984 la escuela Rosselló-Pòrcel , la primera en catalán, se puso en marcha en una ubicación provisional y luego se trasladó a una antigua fábrica de piel ubicada entre los barrios de Fondo y Centro de la localidad. Empezaron con algunas aulas en catalán (solo P5 y primero de EGB), aunque, fruto de la presión de las familias, que veían el aprendizaje del catalán como una forma de ascender , el modelo se extendió.

En 1985, seis de cada diez familias ya eligió enseñanza en catalán para sus hijos. El Ayuntamiento lanzó una campaña de concienciación dirigida a las familias sobre la necesidad de la inmersión lingüística. «Innumerables son las razones para pretender que los niños, al acabar la EGB, tengan el dominio de las dos lenguas oficiales de Catalunya» , empezaba una circular del Consistorio de 1984. La inmersión se fue extendiendo, y se tuvo que formar aceleradamente a los profesores con el programa de reciclaje de catalán.

La imposición de la lengua causó un éxodo de profesores hacia otras comunidades, tal como explicó ABC en su edición del 12 de diciembre de 2017. La diáspora comenzó en los albores de los años ochenta, poco antes de que viera la luz la primera Ley de Política Lingüística (1983) y se agudizó en 1983, cuando la inmersión cobró forma en Santa Coloma.

Desde entonces, el goteo de profesores que han pedido el traslado a otras comunidades autónomas por no acatar «la dictadura del catalán» ha sido continuo. En 1981, varios docentes crearon el primer reducto de resistencia contra la imposición del modelo educativo monolingüe en catalán y firmaron un manifiesto, conocido como el «Manifiesto de los 2.300», en el que expresaban su desacuerdo con el plan de la Generalitat para recatalanizar la enseñanza.

La mayoría de los que apoyaron la causa tuvieron que exiliarse «por el ambiente de intransigencia y de rechazo» que sufrieron dentro del ámbito escolar y también a nivel social. «Fueron más de 14.000 los profesionales de la enseñanza los que marcharon de Cataluña en aquel momento ante la falta de apoyo institucional y la hostilidad social que se generó a raíz de su lucha», explica a este diario el profesor de Filosofía Antonio Robles, uno de los primeros que, desde el entramado social, lucharon contra el régimen monolingüe impuesto por Pujol. «Fue un éxodo invisible que casi nadie ha contado y que, desgraciadamente, sigue produciéndose», dice Robles.