El presidente de SCC, José Rosiñol
El presidente de SCC, José Rosiñol - EFE

Fractura interna en Societat Civil Catalana

La junta de la entidad constitucionalista destituye a su presidente, José Rosiñol, y pasa a estar dirigida por Álex Ramos

M. Vera
BarcelonaActualizado:

La entidad constitucionalista Societat Civil Catalana (SCC) destituyó este miércoles a su presidente, José Rosiñol. No obstante, según ha podido saber este diario, Rosiñol seguirá en la Junta de SCC mientras que Álex Ramos, el hasta ahora número dos, ocupará la función de «presidente provisional». La plataforma, que ha organizado las mayores manifestaciones del constitucionalismo catalán, dirimirá su fractura el próximo 17 de enero en una asamblea convocada ayer con carácter «urgente».

Según fuentes de la entidad, la situación actual es de «cisma» interno, un ambiente que se precipitó con la salida del propio Rosiñol, seguida por la de otros nombres de la dirección estrechamente ligados a él. A pesar de ello, las destituciones «fulminantes» de este miércoles deberán ser ratificada por los socios en una asamblea que se celebrará después de las vacaciones de Navidad.

Los miembros cesados de la dirección aseguran que las destituciones se deben a diferencias «ideológicas» entre las distintas sensibilidades que conforman la cúpula de la entidad, que van desde el PP hasta el PSC, pasando por Ciudadanos. No obstante, los impulsores de la salida justifican su campaña contra Rosiñol por unas presuntas «irregularidades» detectadas en la gestión de los contratos que tiene SCC con una empresa de comunicación.

Sin parar la actividad

La crisis organizativa de la entidad no está afectando a su labor. Así las cosas, este mismo miércoles SCC y Abogados Catalanes por la Constitución pidieron al Tribunal de Cuentas que reclamara cerca de dos millones de euros al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y al resto de miembros de su Govern por los fondos públicos destinados al referéndum ilegal del 1-O. Ambas organizaciones solicitaron que se abriera un procedimiento para que el expresidente fugado en Bélgica y sus exconsejeros devolvieran el dinero destinado a la consulta secesionista, un gasto que consideran «ilícito» dado que el 1-O había sido anulado por el Tribunal Constitucional.