Los «foreign affairs» de la Generalitat, bajo la lupa

El estreno de la consejería de Exteriores catalana -la primera vez que una comunidad autónoma otorga este rango a su acción exterior- ha vuelto a poner bajo la lupa la "política" internacional de la Generalitat, bajo el escrutinio directo del Gobierno desde que la misma se ha usado, aparte de para sus competencias legales, para la promoción del proceso soberanista. La advertencia del Gobierno es clara, y si el pasado viernes ya se refería a ello la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría tras el encargo de un informe jurídico , este mediodía ha hecho lo mismo el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, que ha recordado que la acción exterior de las comunidades autónomas debe ceñirse a aquellas competencias que estatutariamente tienen transferidas, “y no a otras”. De manera general, las CC.AA se han centrado en la promoción turística y comercial.

El límite pues parece claro, aunque no tanto para la Generalitat, que siempre ha tratado de sobrepasar sus competencias para eregir lo que hasta entonces habían sido delegaciones comerciales en "embajadas", una designación no oficial pero que ha hecho fortuna en los diarios.

Consciente de que su labor será analizada al milímetro, el consejeror de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia, Raül Romeva, negó que las competencias de exteriores de su departamento sean ilegales, y aseguró que están recogidas en el Estatuto. En una entrevista en TV3, señaló que "no hay absolutamente ningún motivo de preocupación".

Romeva ha afirmado que todas las comunidades autónomas tienen acción exterior, que en el caso de Catalunya se desarrolla "desde hace muchos años", aunque hasta ahora gestionado desde una Secretaría y con el nuevo gobierno desde una consejería. Romeva ha explicado que está previsto que se abran más delegaciones catalanas en el exterior, donde ya hay nueve operativas y 17 más planificadas, que "se pueden ampliar aun mucho más". Ha detallado que su conselleria cuenta con un presupuesto general de 19 millones de euros, de los que tres se destinarán a la apertura de oficinas en el exterior.

Por si acaso, durante la pasada legislatura se aprobaron las leyes de Acción Exterior y del Servicio Exterior , así como la de Tratados que regulan y acotan las capacidades de las CC.AA en sus "foreign affairs".