El fiscal pide anular las elecciones que dieron al secesionista Canadell la presidencia de la Cámara de Barcelona

La petición de la Fiscalía, que ha avanzado este miércoles el periódico digital «El Confidencial», podría dar pie a la repetición del proceso electoral de la Cámara de Barcelona , celebrado en mayo pasado y que aupó a la presidencia a Joan Canadell, candidato en las listas de Junts per Catalunya (JpC) para las elecciones catalanas del 14F. El ministerio público sostiene que, «de forma contraria a derecho» , la junta electoral responsable de validar los resultados de los comicios -regulada por un decreto del Departamento de Economía- declaró nulos cientos de votos remotos, debido a defectos en el sistema informático de la votación. Para la Fiscalía, el origen de esas irregularidades es la utilización de un sistema informático que carecía de las garantías necesarias para un proceso electoral, tanto en el caso de la Cámara de Barcelona como en el de las demás cámaras de comercio de Cataluña.

La lista de Canadell, abiertamente independentista e impulsada por la ANC, se hizo con 32 de las 40 vocalías de la Cámara de Barcelona , el organismo cameral más importante de Cataluña. La candidatura de Eines de País se impuso frente a las listas de Enric Crous, Carles Tusquets, Ramon Masià y de la plataforma de mujeres 50X50 en unos comicios que se llevaron a cabo de manera electrónica, con dos modalidades, una presencial y la otra a distancia.

Precisamente, Carles Tusquets y Ramon Masià presentaron sendos recursos contra los resultados de los comicios camerales ante la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y ante el Govern, al que pidieron que suspendiera la constitución del plenario, que finalmente tuvo lugar.

El pasado mes de marzo, el TSJC, en una decisión no firme, anuló el decreto de la Generalitat que regulaba las elecciones de las cámaras de comercio catalanas, al considerar que no se respetó el trámite de participación ciudadana . En concreto, la sala de lo contencioso administrativo del alto tribunal estimaba el recurso contencioso interpuesto por la empresa Staff Pavillion, vinculada al presidente de la Asociación de Franquiciadores, contra el Departamento de Empresa, por entender que la Generalitat omitió el trámite de la participación ciudadana cuando elaboró la norma, en julio de 2018.