El falso debate de la abstención como excusa para aplazar el 14-F

La abstención se ha convertido en un argumento más del debate político. Se suele olvidar, sin embargo, que en España la participación en las elecciones no es obligatoria y los gobiernos no pueden fomentar la participación. Abrir el debate de la abstención , cuando se trata de suspender unos comicios, supondría tanto como valorar si corresponde aplazarlos en los casos en los que llueve o hace sol.

En 1994, el Congreso retiró del artículo 50.1 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg), norma que se aplica en Cataluña, el inciso que permitía a los poderes públicos, durante la campaña electoral, « incentivar la participación en las elecciones ». Es decir, desde aquella modificación legislativa, las administraciones no pueden «incentivar» el voto en las elecciones y, por lo tanto, la abstención, no solo es tan legítima como la participación, sino que debe ser tratada en igualdad desde los poderes públicos.

El argumento político ha llegado incluso en forma de alegación jurídica hasta el TSJC. La abstención a beneficio de parte ha sido utilizada por la Generalitat en las alegaciones ante el tribunal autonómico para que la Sección Quinta levantase las medidas cautelares contra el Decreto 1/2021 por el que se suspendía el 14-F.

Es más, en el voto particular de la resolución suscrita por la mayoría del TSJC, que decide mantener la anulación cautelarmente del 30-M, se incide en el tema de la abstención con un argumento de carácter político, algo sorprendente para una resolución judicial : «No cabe descartar tampoco que la percepción por la ciudadanía, también psicológica, de la situación existente, pueda derivar, como ya se ha apuntado, en una mengua de la participación electoral, con la posibilidad inherente de que se trate de deslegitimar el resultado electoral».

Diversos expertos consultados por ABC coinciden en señalar que el 14-F puede haber más abstención que en la cita electoral autonómica de 2017 (solo el 20,91 por ciento de abstención, la más baja en unas autonómicas y la tercera si se suman las citas generales, solo por debajo de las de 1977 y 1982, que no superaron el 20 por ciento), pero sobre todo porque en 2017 se culminó un proceso secesionista que tensionó como nunca la región. Pero que, en cualquier caso, la abstención no puede ser un argumento jurídico para suspender unas elecciones y que corresponde a la Generalitat poner los medios para la participación.

Rafael Arenas, catedrático de Derecho Internacional Privado en la Universidad Autónoma de Barcelona, es muy claro al respecto: «Legalmente, la abstención del 14-F es irrelevante. Las decisiones y los argumentos jurídicos son otros. Claro que importa la abstención, pero esta no puede ser la justificación para desconvocar unas elecciones». Un hilo argumental que suscribe Pablo Nuevo , profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Abad Oliba CEU: «El criterio tiene que ser el derecho al voto. Es muy difícil saber el motivo real por el que la gente vota o deja de hacerlo. Seguro que hay gente que no vota según la climatología».

Para paliar la abstención, en periodo de pandemia o fuera de ella, la clave es facilitar el voto, que muchas veces se confunde con «incentivar» la participa- ción. Teresa Freixes , catedrática de Derecho Constitucional, lo explica de la siguiente manera: «Si el Govern catalán no quiere una alta abstención, que favorezca el voto por correo. En un contexto de pandemia, como el actual, es el sistema más seguro». Es decir, dedicar recursos de la administración a combinar el ejercicio del voto y la seguridad sanitaria. Lo define Joan López , director general de la agencia de comunicación Strategycom y colaborador de ABC: «La abstención será culpa del gobierno independentista, porque las elecciones tenían que ser el 14-F y con garantías sanitarias».

¿ Qué entendemos por «garantías sanitarias» ? Todos los expertos coinciden en lo apuntado por Freixes: sobre todo facilitar el voto por correo. Un sistema que se puede gestionar, también, telemáticamente y que permite, incluso, que el votante no tenga ni que salir de casa pues el cartero recoge su voto en el domicilio o lugar indicado. Otra medida: «Urnas móviles en los hospitales, para que las personas con problemas de movilidad, por el motivo que sea, tengan la posibilidad de votar», añade Gabriel Colomé , profesor titular de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Barcelona.

Arenas lo explica de la siguiente manera: «Dentro del respeto a la ley, multiplicar los espacios electorales y, si fuera posible, distribuir por franjas horarias a los votantes, ampliar el horario de las votaciones... Todo lo que se nos pueda ocurrir dentro de la ley para que el mayor número de personas puedan ir a votar sin el mayor temor. El riesgo de ir al colegio o al supermercado no es menor , y se está haciendo bien». Nuevo, además, advierte, observando lo que pasó en noviembre en Estados Unidos, de que «si se amplían los plazos para votar por correo, igual hay más voto y aumenta la participación». Es decir, justo lo contrario de lo que teme Aragonès.

Si se analiza la serie histórica desde la recuperación democrática de 1978, la alta abstención en las elecciones autonómicas catalanas ha sido una constante y solo el «procés», probablemente, motivó la alta participación desde 2012 (32,24 por ciento de abstención). Entre 1980 y 2010, la abstención se movió entre el 35 y el 45 por ciento del censo electoral, lejos del dato de 2017, 2015 (25,05 por ciento) y 2012. López cree que, en realidad, el ruido independentista en este asunto es una jugada política: « En el fondo, ni Junts ni ERC quieren votar el 14-F desde antes de convocar. La abstención les ha favorecido siempre». Colomé concluye así: «Ni sabemos cuánta gente irá a votar, ni los motivos. Lo que hay que hacer es remediar los problemas. Y el problema lo creó el que redactó el decreto de suspensión del 14-F».