Elogio de la judicialización en Cataluña

También en Cataluña el cumplimiento de la legalidad ha tenido muy mala prensa y enemigos feroces. El caso Banca Catalana, el desprecio de la Generalitat a las sentencias contrarias a la persecución del castellano en la escuela o la temerosa y confusa reacción del Gobierno Rajoy, la Fiscalía y los jueces a la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014, fueron creando en el independentismo una beligerante y altanera sensación de impunidad. El Estado de Derecho, la Constitución, las resoluciones del Tribunal Constitucional, eran simples murallas de papel que los ejércitos soberanistas pisoteaban cada día con arrogante desprecio y pretendida superioridad moral.

Por eso, cuando el 16 de octubre de 2017 los dos Jordis, Sànchez y Cuixart, comparecieron por la mañana como imputados ante la Audiencia Nacional y horas más tarde la juez les envió a prisión acusados de graves delitos de sedición, una mueca de duda y temor condicionaba los análisis, incluso de aquellos que abogaban por la contundencia para frenar la independencia. Los hechos estaban claros en el auto de la juez, pero llevábamos tanto tiempo de rebelión permanente, de ofensiva propagandística y de delitos consumados –entre ellos el golpe parlamentario de los días 6 y 7 de septiembre- que la vieja retórica del apaciguamiento y el rechazo a la Justicia, contaba aún con demasiados partidarios que argumentaban que el encarcelamiento de los líderes de la ANC y Òmnium, solo iba a soliviantar y movilizar aún más la furia del independentismo.

Fueron horas en las que los profetas de la capitulación anunciaron el advenimiento del apocalipsis. Y sin embargo, no pasó casi nada irreversible. Caceroladas, concentraciones, algunos paros, arengas y temblor de piernas entre los dirigentes del PSC. Únicamente los dos líderes de la agitación, que tenían la misión histórica de reproducir en Cataluña el «Maidán» ucraniano, fueron elevados por el universo soberanista a la condición de «presos políticos». Eso fue casi todo.

Parecida angustia se repitió el 2 de noviembre, cuando la misma juez decretó prisión incondicional para Oriol Junqueras y los otros exconsejeros, que no habían huido con Carles Puigdemont a Bruselas. Atrás quedaba el mes de más riesgo e incertidumbre para la democracia española desde el golpe de Estado del teniente coronel Tejero, con la celebración de un referéndum ilegal el 1 de octubre, el discurso movilizador del Rey Felipe VI dos días después, la proclamación unilateral de independencia el 27, y la respuesta del Estado con la aplicación inmediata del artículo 155 de la Constitución, que disolvió el gobierno catalán.

Pese a las dudas, los retrasos y el pánico ambiental de aquellos días, la demonizada judicialización -que no es más que aplicar la Justicia ordinaria a los presuntos delincuentes-, tuvo éxito, incluso más del esperado. El encarcelamiento de los líderes del procés ha significado de momento el fin de la vía unilateral, ese eufemismo con el que los independentistas se refieren a los sucesivos golpes contra la democracia de los meses de septiembre y octubre de 2017.

Es cierto que los independentistas volvieron a ganar las siguientes elecciones autonómicas y que intentaron violentar de nuevo la ley para reelegir a Carles Puigdemont presidente de la Generalitat pese a estar huido. Pero por primera vez en mucho tiempo, la respuesta del TC, aunque a regañadientes, fue obedecida por el nuevo presidente del Parlamento, que de ninguna manera quiere acabar en prisión como su antecesora, Carme Forcadell.

Tampoco, Quim Torra, el «señor de las Bestias» tiene madera de mártir. Amaga, pero no da. Llama a la movilización permanente, se indigna con la hipótesis de una sentencia condenatoria y amenaza con abrir las cárceles a los golpistas, pero ni ha cruzado la frontera de la legalidad ni es probable que lo haga. Sus visitas a los reclusos en prisión, más allá de la exigida solidaridad y la propaganda, son un recordatorio y un aviso de lo que no puede hacer.

Claro que el peligro no está conjurado. Un 47 % del electorado catalán ha votado independentismo y sus estructuras de Estado, esos ejércitos de la acción y la propaganda que han ido levantando a base de fondos públicos –Mossos, escuela, TV3 y funcionarios afectos- no han sido desmantelados y continúan actuando con total impunidad al margen de los más elementales principios de la democracia.

El soberanismo se comporta como el alpinista cuya obsesión y objetivo último es llegar a la cumbre para proclamar la independencia. Que ahora hayan tenido que regresar al campo base, no significa que hayan desistido de la escalada. Como ellos mismos dicen y en esto no mienten, están descansando del fracaso anterior, analizando errores, acumulando fuerzas y lo volverán a intentar en cuanto vean que el Estado desfallece o se crean las condiciones propicias para intentar otro golpe.

De ahí la importancia de no flaquear, de continuar con la exigencia estricta de la ley. La aplicación del 155 y la instrucción de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, han parado la proclamación de la independencia, pero sus instigadores, propagandistas y autores intelectuales, siguen ahí, en el campo base, cómodamente instalados en las escuelas, en la universidad, en la televisión, en la policía y en todas las estructuras burocráticas del Gobierno de la Generalitat, planificando la próxima escalada.

Ese es su arsenal. Ahí está el nido de la serpiente, el laboratorio quizás de la próxima rebelión. Por lo tanto, exigir una escuela que forme únicamente ciudadanos, una televisión, unos medios, que no adoctrinen o unos Mossos d'Esquadra que no sean una policía de partido, no es ni un discurso ideológico ni españolista, solo la reivindicación de un elemental derecho democrático. Y ese es un camino que todavía no se ha explorado. El otro, el de apelar a las viejas recetas fracasadas: las vías bilaterales, las cesiones, las reformas estatutarias que invaden la Constitución, los discursos que blanquean y justifican las conductas totalitarias, ya han demostrado que sólo sirven para alentar el victimismo y el golpismo. «Hay que hacer política», se vuelve a escuchar en el Palacio de La Moncloa, y en los ecos mediáticos que la apoyan como si durante casi 40 años de autonomía catalana se hubiera hecho otra cosa.

De ahí el gran error, el inmenso error, que acaba de cometer Pedro Sánchez al forzar que la Abogacía del Estado reduzca el delito de rebelión a sedición, forzada a su vez por las exigencias de los golpistas encarcelados como condición para apoyarle en los presupuestos.

Y lo peor, el PSOE, liderado por su vanguardia más abyecta, el PSC, desactiva los mecanismos protectores del Estado para hacer frente a un golpe de Estado, inutilizando sus mecanismos jurídicos defensivos. Pero, además, debilita decisivamente los argumentos jurídicos de Llarena y de la Fiscalía frente a las instancias judiciales europeas. La separación de poderes ha sido violada a la vista de todos. Mientras tanto, en casa, acaba de resucitar al movimiento independentista. Cuando empezaba a asumir su derrota, él, el mismísimo doctor Sánchez, les dice a gritos: si insistís, si volvéis masivamente a la calle, ganaréis la partida.

Por si fuera poco, la más vil vicepresidenta que ha tenido nunca España, Carmen Calvo, sugiere el indulto como arma política para «reconducir» el tema catalán. Es difícil encontrar tanta traición junta al Estado democrático de Derecho, o tanta ineptitud. Elijan ustedes. Pronto sufrirá en sus propias carnes la inutilidad del recurso al apaciguamiento. Quim Torra ya le ha dado la primera en los morros, no le votará los presupuestos. Parece que Roma no paga a traidores. Tiene gracia la cosa.

Evaluadas causas, efectos y computados resultados, ¿qué tal si se aplica la ley, toda la ley, que permite el Estado democrático de Derecho?