«Derecho a decidir»

Aunque el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) recoge en su artículo 1 que «todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación», el «derecho de autodeterminación», tal como se desarrolla en la legislación internacional desde la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales (1960), se refiere claramente a la libre determinación de los «pueblos coloniales». Por esta razón, este derecho es de muy problemática aplicación en el caso del País Vasco, Cataluña, Venecia o Gales.

En cuanto a la legislación europea, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión sólo hace una mención genérica a «las obligaciones internacionales comunes de los Estados miembros», pero no menciona el «derecho de autodeterminación» -y desde luego, tampoco el inexistente «derecho a decidir»-, que en el ámbito internacional se emplea para designar el derecho de «autodeterminación» -entendido como derecho a tener un mayor «control sobre sus vidas»- de las personas con discapacidad intelectual.

A partir del estrecho vínculo entre el «derecho a decidir» y el derecho de autodeterminación, los propagandistas del término llevan años reclamando que la UE atienda las reclamaciones de independencia de diferentes regiones europeas siempre que éstas tengan lugar «de un modo democrático y pacífico», instando a los altos responsables de la UE a mostrar una mayor «flexibilidad política», y recordando las «excepciones» en términos de soberanía representadas por Ceuta, Melilla, -más alarmantemente- Kosovo, e incluso Alemania, que recoge su «libre determinación» en el proceso constituyente que llevó a su reunificación.

Para los independentistas, el «derecho a decidir» es un «derecho legítimo» que puede acomodarse al orden legal europeo. Lo cierto es que ese mismo orden representa, de momento, un grave escollo para estas aspiraciones. No es una cuestión de mera «voluntad» sino de respeto a nuestra historia y nuestro acervo, manifiesto en el artículo 4 del Tratado de Lisboa (2007) que reconoce las funciones esenciales de los Estados miembros, incluyendo su «identidad nacional» y especialmente «las que tienen por objeto garantizar su integridad territorial, mantener el orden público y salvaguardar la seguridad nacional».

Para los separatistas este obstáculo no es insalvable, e insisten en que la secesión «no está prohibida por el derecho internacional» ni existe un «manual para legitimar la independencia».

Estos argumentos resultan un tanto pintorescos, habida cuenta de que el derecho internacional tampoco «prohíbe» explícitamente la guerra o el uso de la fuerza, que puede justificarse para casos de legítima defensa y excepciones que afecten a la seguridad colectiva, salvaguardada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Usar la democracia, o una apariencia de democracia, para crear nuevas fronteras en el interior del continente, como pretenden los separatistas, no parece ser la mejor de las ideas para contribuir a una Europa más ordenada, fuerte y unida.

Me preocupa el resurgimiento de los nacionalismos y los separatismos justo en un momento en que Europa se enfrenta con un mundo «multipolar», en el que se consolidan nuevos «espacios grandes» geopolíticos (lo que Churchill denominaba «círculos»). Europa no es una isla. Junto a la UE, Rusia, China o el mundo islámico intentan forjar sus propias unidades supranacionales con las que estamos obligados a cooperar y competir en distintos terrenos: de la economía a la ideología. Especialmente tras el debilitamiento de nuestros lazos atlánticos, debido al Brexit y la elección de Trump, para Europa es una cuestión de supervivencia superar el narcisismo de las pequeñas diferencias para armonizar y reconocer sus intereses comunes.