El IES Palau de Sant Andreu de la Barca centró las miradas por el presunto «señalamiento» a algunos de sus alumnos tras el referéndum ilegal del 1-O
El IES Palau de Sant Andreu de la Barca centró las miradas por el presunto «señalamiento» a algunos de sus alumnos tras el referéndum ilegal del 1-O - RICARDO MUÑÓZ MARTÍN

El Defensor del Pueblo catalán reconoce «situaciones puntuales» de adoctrinamiento en Cataluña

El Síndic de Greuges analiza más de 170 casos. En el 12% de estos ve «mala praxis» o situaciones «irregulares»

BarcelonaActualizado:

El Defensor del Pueblo catalán -conocido como Síndic de Greuges- sigue defendiendo la tesis impuesta por la Generalitat, según las cuales, en la comunidad la educación es «plural y sin adoctrinamiento». Sin embargo, este organismo ha reconocido hoy la existencia de «situaciones puntuales» de manipulación ideológica en las aulas de la comunidad.

«En Cataluña no existe un problema de adoctrinamiento sistemático en los centros, a pesar de algunas prácticas puntuales a corregir», resalta un informe elaborado por el organismo en el que se recogen más de 170 incidencias registradas ante el «Síndic» y el Ministerio de Educación en los últimos meses.

En este sentido, el responsable del organismo, Rafael Ribó, ha apuntado que se han detectado diez casos con situaciones de carácter «irregular». Entre estos, destaca la presencia de una bandera «estelada» en un centro de enseñanza en el curso 2013-2014 y otra en 2017, así como la simulación de una votación en el patio liderada por un profesor.

Otro de los episodios detectados es más reciente, concretamente de los meses de septiembre y octubre en los que el «procés» elevó la presión de algunos claustros con inclinaciones independentistas. Fue entonces cuando algunos centros enviaron circulares en los que llamaban a las familias a sumarse a las huelgas organizadas por las entidades secesionistas tras el referéndum ilegal del 1-O.

174 incidencias

Aunque la cifra de casos reconocidos por el «Síndic» es aparentemente reducida, cabe destacar que este organismo ha desdeñado buena parte de las quejas presentadas por padres, alumnos, profesores y ciudadanos anónimos.

«De las 174 incidencias presentadas en el Síndic de Greuges o en el Ministerio de Educación, a raíz de los hechos del 1-O (...) un 5,7% contiene actuaciones irregulares, un 6,3%, actuaciones no irregulares pero que constituyen malas praxis y un 4,6%, actuaciones que están 'subiudice'. El resto son incidencias no verificables, inconsistentes o que se ajustan a los principios que rigen nuestro sistema educativo», ha advertido el organismo.

A pesar de asegurar que no hay un problema con el adoctrinamiento en Cataluña, el informe del «Síndic» resalta que los centros educativos deben evitar mostrar «símbolos o signos identificativos con las diferentes opciones partidistas, del signo que sean». Finalmente, el documento del «ombudsman» catalán menciona veladamente uno de los casos más recientes y sonados de señalamiento y adoctrinamiento: el caso de los hijos de Guardias Civiles que estudian en un centro de Sant Andreu de la Barca.

«Tratar la actualidad política en las aulas forma parte del proceso educativo del alumnado. Este tratamiento, sin embargo, se debe realizar sin manipulaciones ideológicas ni propagandísticas, con respeto a la pluralidad, siempre con el interés del niño en el centro, con la posibilidad de que todas las visiones políticas se puedan manifestar libremente y con respeto para quien no quiera expresarlas», concluye en «Síndic».

Sant Andreu y los hijos de Guardias Civiles

No en vano, la polémica sobre el eventual adoctrinamiento en los centros escolares catalanes se disparó cuando el juez de instrucción número 7 de Martorell (Barcelona) decidió abrir diligencias a tres de los profesores del IES Palau de Sant Andreu de la Barca denunciados por la Fiscalía. Allí estudian muchos hijos de agentes de la Benemérita, que denunciaron haberse sentido señalados por los docentes tras el referéndum ilegal del 1-O.

No en vano, el pasado mes de mayo se admitió a trámite la denuncia del Ministerio Público contra tres docentes por sus intervenciones en clase el pasado 2 de octubre sobre el referéndum independentista de octubre que presuntamente criticaban la actuación de las fuerzas de seguridad.