Citan al alcalde de Tarragona como investigado por el caso Inipro

Asimismo, han sido citados a declarar como investigados, en sucesivos días, el responsable de organización de las Juventudes Socialistas, Alejandro Caballero y la ex concejal de Servicios Sociales, Victoria Pelegrin (PSC). Otras seis personas han sido citadas como testigos, en un calendario que se alargará hasta el 1 de marzo.

El caso se abrió después de que la CUP denunciara, antes de tener representación municipal, contratos presuntamente irregulares del IMSS en el servicio de atención a los inmigrantes, adjudicados a la empresa Iniciatives i Programes (Inipro).

El juez relata en el auto que en 2010 el ayuntamiento decidió contratar una empresa externa al organigrama municipal al considerar necesario articular una mayor colaboración con las asociaciones de inmigrantes existentes y "potenciar el asociacionismo entre la población recién llegada", pese a que el consistorio ya contaba con una Unidad Técnica de Inmigración y Ciudadanía en el seno del IMSS.

Tras la investigación llevada a cabo, el juez señala que se ha constatado "la vinculación entre las tres empresas que se invitaron al concurso", pues "dos pertenecen al mismo grupo empresarial, Itinere e Inipro", y la tercera, Gallet, "que tiene un objeto social que nada tiene que ver con la materia objeto de licitación" también "está vinculada al mismo grupo".

Para el juez, "existen sólidos indicios de que las propuestas efectuadas por las diferentes empresas pudieron ser realizadas por una misma persona, con lo que se pondría de manifiesto el carácter presuntamente fraudulento del concurso".

En este contexto, el magistrado considera que en el proceso de contratación de Inipro "se prescindió de cualquier competencia" y que se eligió la empresa "que previamente había sido concertada, pues todo el proceso parece apuntar a que se buscaba adjudicar el contrato a una empresa en concreto".

Añade que inicialmente se adjudicó el contrato a Inipro por valor de 61.000 euros y que al finalizar el mismo el 31 de diciembre de 2010, "se prorroga durante 21 meses más, careciendo de soporte contractual, abonándose una cantidad de 215.145 euros".

Señala el magistrado que el alcalde, Josep Félix Ballesteros, "a pesar de las reiteradas advertencias de ilegalidad, autorizó los diferentes pagos", por lo que le cita ahora a declarar como investigado "a fin de que pueda explicar la razón por la que se acordó que se efectuaran, pese a las siete advertencias de ilegalidad que expresamente se le realizaron".

En el auto, el juez también requiere al Ayuntamiento de Tarragona que aporte la relación de los trabajos realizados por la empresa Inipro en el período comprendido desde 2010 a 2012, ambos incluidos.